El caso banco Atlas y la Conmebol es un punto de inflexión donde confluyen caminos diferentes y que, a la vez, requiere de decisiones importantes que afectan al país.
A “prima facie”, como diría algún acorbatado de los pasillos tribunalicios, pareciera ser la disputa de dos grandes poderes económicos. Uno criollo, como sin lugar a dudas es el Grupo Azeta (de la familia Zuccolillo) dueña del banco de marras, y el otro con rótulo internacional, que maneja los designios del balompié Sudamericano e incluso integra el órgano rector a nivel mundial (FIFA).
Al menos, ese es el cuento que, desde el medio que protege los intereses del referido grupo empresarial, Abc Color, se pretende instalar, autoproclamándose “víctimas” de un supuesto “terrorismo fiscal”, de un “ataque a la libertad de expresión y de prensa” y de una “acusación vacía de argumentos”, y todo porque uno de los acusados, Miguel “Miki” Zaldívar, es el mismo esposo de la directora de ese medio de comunicación, Natalia Zuccolillo.
Pero el caso que nos ocupa es mucho más complejo. En primer lugar, el ilícito denunciado, que es el lavado de activos, tiene su origen en el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol mundial, más conocido como FIFA-Gate, donde está demostrado que el exjerarca de la Conmebol, Nicolás Leoz (+), junto a otros dirigentes, desvió fondos de la institución por más de USD 130 millones producto de sobornos y negociados con los derechos del fútbol. De hecho, Leoz fue acusado y pedido su extradición por la justicia norteamericana por el caso FIFA Gate.
Asimismo, lejos de una “acusación vacía de argumentos”, la investigación fiscal ha cosechado una serie de evidencias entre documentos, auditorías forenses, declaraciones testificales que junto a los hechos y, sobre todo, las fechas de estos no hacen más que incriminar a los que tenían a su cargo el manejo de las cuentas con fondos de procedencia ilícita de Nicolás Leoz, con un detalle importante; Leoz era amigo personal y muy íntimo del otrora dueño de Abc Color, Aldo “Acero” Zuccolillo (+). Por ende, resulta difícil pensar que tanto los certificados de depósitos de ahorro (CDAs) y contratos de fideicomisos de Nicolás Leoz, de millones de dólares y de miles de millones de guaraníes, producto de la corrupción, hayan sido manejados por otras personas que no fueran de la cúpula misma del banco, es decir, del mismo Directorio. Es más fácil pensar que la estrecha relación Zuccolillo-Leoz haya permitido que el banco Atlas opere realmente las cuentas del exdirigente sin las debidas diligencias antilavado a las que estaba obligado.
Pero lo más grave es que sectores económicos han advertido que este caso, más allá de lo que implica el proceso judicial, pone en riesgo al mismo sistema financiero local, ya que se está desnudando la falta de aplicación de normas antilavado de un importante banco de plaza y ello amenaza la tarea que por décadas ha hecho el Paraguay para lograr pasar la auditoría del Gafilat sobre prevención y combate al lavado de dinero.
En definitiva, el caso banco Atlas representa una encrucijada en la que solo existen dos caminos: la de la justicia en salvaguarda de la credibilidad de todo el sistema financiero nacional o la de la impunidad, que podría llevar al Paraguay de vuelta al despeñadero en cuanto a la confianza de los capitales extranjeros.