Hace más de setenta años, Franz Oppenheimer hizo una distinción que ningún economista moderno se atreve a repetir en voz alta: existen solo dos formas de acumular riqueza. La primera es el trabajo productivo y el intercambio voluntario. La segunda es apropiarse de lo que otros produjeron usando la ley como herramienta. La primera fue identificada como los medios económicos y la segunda como los medios políticos, sin dejar de agregar algo que incomoda a cualquier persona en un rol político: el Estado es, en su esencia, la organización de los medios políticos.
Nuestra energía, generada con agua de todos y construida con deuda que todos pagamos, se cede a USD 17 por megavatio cuando el mercado regional la cotiza a USD 50. La diferencia, más de USD 400 millones anuales, no desaparece sola. Alguien la captura. Los que no produjeron ese megavatio, no construyeron esa represa, no pagarán esa deuda, se quedan con la diferencia. No porque el mercado libre así lo determinó, sino porque el poder político así lo dispuso.
A eso llamo gobernalismo. Lejano a ese sistema donde el capital se forma por ahorro, inversión y riesgo, donde quien produce retiene y multiplica. Es otra cosa: un sistema donde la clase política capturó las reglas del juego, donde su instrumento más preciso es el dinero fiduciario. Cada vez que se imprime dinero indiscriminadamente, se diluye el ahorro de los que trabajaron para tenerlo y esto no es un error técnico, es una transferencia de riqueza planificada desde los que producen hacia los que gobiernan. El dólar perdió 97% de su poder adquisitivo desde 1913, exactamente el año en que se fundó la Reserva Federal. Es el resultado de un siglo de gobernalismo monetario.
El gobernalismo tiene defensores sofisticados. Hablan de regulación necesaria, estabilidad sistémica, usan el lenguaje de la economía para justificar lo que Bastiat llamó saqueo legal: apropiarse de lo ajeno mediante una ley que hace que parezca justo. El monopolio regulado que bloquea al competidor, la resolución técnicamente imposible que solo pueden cumplir los que ya están adentro. Les interesa controlar el acceso al mercado, no el libre mercado.
Tenemos la oportunidad concreta de romper esa lógica, con nuestra energía abundante y disponible. Tenemos industrias de minería de bitcoin que aportaron más de USD 1.200 millones en inversión y representan más del 50% de la facturación de la Ande, que lo único que le falta para seguir desarrollando el Sistema Interconectado Nacional es dinero. Es el único sector que convierte excedente energético en activos globales sin intermediario político. El bitcoin no puede ser subsidiado, monopolizado ni devaluado por decreto. Es dinero duro que escapa exactamente a la mecánica del gobernalismo.
El gobernalismo sobrevive porque controla el dinero. El bitcoin es el primero en la historia que le quita esa herramienta sin pedir permiso para hacerlo y, desde esta lógica, tiene mucho sentido que sigamos siendo el país más rezagado de la región con respecto al trato e integración en la economía formal de los activos digitales.