En esta tercera entrega de la serie “Candados constitucionales para la estabilidad fiscal en Paraguay”, analizamos un caso que ha marcado un antes y un después en América Latina: la Constitución chilena de 1980.
Lejos de ser un simple documento histórico, esta carta se erigió como un conjunto de candados institucionales que priorizaron la estabilidad macroeconómica y la protección de derechos económicos, convirtiendo a Chile en el país más próspero y predecible de la región. Sus pilares —la fuerte defensa del derecho de propiedad, la autonomía del Banco Central y los principios de no discriminación arbitraria— ofrecen lecciones directas y aplicables para fortalecer nuestra propia arquitectura fiscal y constitucional.
La Constitución chilena no nació en un laboratorio abstracto. Surgió como respuesta a décadas de inestabilidad, estatismo y experimentos fallidos que llevaron al país al borde del colapso en los años 70. Su gran acierto fue entender que la estabilidad fiscal no se logra solo con buena voluntad política, sino con reglas impersonales y difíciles de revertir. En su núcleo está la “Constitución Económica”, un marco que blindó los fundamentos de una economía de mercado responsable.
El primer candado clave es la robusta protección al derecho de propiedad. El artículo 19, numeral 24, consagra que “todas las personas tienen derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.
Esta garantía no es declarativa: exige que cualquier expropiación solo proceda por causa de utilidad pública o interés nacional, mediante ley y con indemnización justa, oportuna y previa. Además, establece que solo la ley puede fijar las modalidades de ejercicio del derecho, respetando su función social sin vaciar su contenido esencial.
Este blindaje jurídico redujo drásticamente la incertidumbre. Cuando los inversionistas saben que sus activos están protegidos contra arbitrariedades políticas, fluye el capital productivo. Chile pasó de ser un país con fuerte intervención estatal a atraer masivas inversiones en minería, agroindustria, energía y servicios. Entre 1985 y el 2018, su PIB per cápita se multiplicó por más de seis (en dólares constantes), la pobreza extrema cayó del 45% al 8% y se consolidó como la economía más competitiva de América Latina, según el Índice de Libertad Económica. La lección es clara: un derecho de propiedad fuerte no es un privilegio de los ricos, sino el principal instrumento de movilidad social y generación de empleo.
El segundo pilar, y quizá el más relevante para la estabilidad fiscal, es la autonomía del Banco Central (artículos 108 y 109). La Constitución lo define como un organismo técnico, con patrimonio propio y finalidad expresa: “velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”.
Prohíbe expresamente que el Banco financie al Estado o conceda préstamos, salvo en casos de guerra exterior. Esta independencia constitucional fue reforzada por ley orgánica en 1989 y ha sobrevivido a seis gobiernos democráticos de distinto signo. Los resultados son elocuentes. Chile pasó de sufrir hiperinflación (superando el 500% anual en los 70) a mantener una inflación promedio de un dígito durante más de tres décadas.
El régimen de metas de inflación y la acumulación de reservas internacionales permitieron enfrentar crisis externas —asiática de 1997, global del 2008, pandemia del 2020— con relativa solvencia. Mientras otros países de la región recurrieron a emisión monetaria para financiar gasto populista, Chile mantuvo disciplina.
Este candado monetario-fiscal es un ejemplo perfecto de lo que Paraguay necesita: un Banco Central blindado constitucionalmente contra presiones políticas.
El tercer elemento es el principio de no discriminación arbitraria y libertad económica. La Constitución reconoce el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, la libre iniciativa y la igualdad ante las cargas públicas.
Prohíbe normas que discriminen arbitrariamente entre personas o sectores, reduciendo el clientelismo y el rentismo político. El Estado es subsidiario: actúa donde el mercado no llega, pero no compite deslealmente con la iniciativa privada. Esta combinación de reglas generó un círculo virtuoso: mayor inversión con más crecimiento que se tradujo en una suba exponencial de la recaudación tributaria lo que dio capacidad de gasto social focalizado.
Chile logró reducir la pobreza masivamente sin sacrificar la responsabilidad fiscal. Sus gobiernos, incluso los de centro izquierda, mantuvieron los pilares macroeconómicos básicos, demostrando que los buenos candados institucionales trascienden las coyunturas políticas.
Para nuestro país, estas lecciones son especialmente oportunas. Nuestra economía muestra dinamismo en sectores como la soja, la carne, la energía y los servicios, pero seguimos expuestos a riesgos fiscales: presión por gasto corriente, dependencia de ingresos volátiles y tentaciones de relajar la disciplina fiscal.
Incorporar candados similares —una protección reforzada del derecho de propiedad en la Constitución, mayor autonomía del BCP con mandato claro de estabilidad de precios y principios explícitos de no discriminación económica— podría ser el salto cualitativo que necesitamos.
No se trata de copiar literalmente el texto chileno. Se trata de extraer principios universales: las reglas deben ser estables, impersonales y difíciles de cambiar por mayorías circunstanciales.
La experiencia chilena demuestra que estos candados no frenan el desarrollo social; por el contrario, lo hacen sostenible. Cuando las reglas son claras, el esfuerzo individual y la inversión generan prosperidad compartida.
En las próximas entregas seguiremos explorando otros modelos y propuestas concretas para nuestra patria. La Constitución de 1980 de Chile nos recuerda que las grandes naciones no se construyen con promesas electorales cortoplacistas, sino con instituciones que prioricen la estabilidad y la libertad responsable.
La historia chilena prueba que es posible. La pregunta es si estamos dispuestos, como sociedad, a aprender la lección.
(*) Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.