Como paraguayo en el exterior apasionado por nuestra patria hermosa y que ha seguido de cerca la evolución de nuestras finanzas públicas, observo con preocupación el debate que se ha abierto en estos días.
Hay voces que proponen levantar el tope del déficit fiscal establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal para poder saldar las deudas acumuladas con proveedores del Estado, especialmente constructoras y farmacéuticas. La cifra ronda los 1.500 millones de dólares y la tentación parece lógica a simple vista: pagar lo que se debe, reactivar obras paralizadas y evitar un supuesto “colapso” en la economía. Yo digo: pagar ya sí, tocar el déficit no.
El tope del 1,5% del PIB no es un capricho contable. Es un ancla de disciplina que nos protege de la tentación permanente de vivir por encima de nuestras posibilidades. Levantar ese límite para financiar pagos atrasados equivale a reconocer que el Estado no supo priorizar ni administrar sus recursos durante los últimos años.
En lugar de corregir el origen del problema —gastos improductivos, ineficiencias y falta de ejecución presupuestaria—, se opta por la vía más fácil: endeudar más a la nación para tapar un agujero que, de seguir así, solo se hará más grande.
Los principios monetaristas nos enseñan una verdad sencilla pero implacable: la inflación no es un fenómeno misterioso ni culpa de los empresarios “codiciosos”. Es, fundamentalmente, un fenómeno monetario. Cuando el Estado gasta más de lo que recauda y financia ese exceso con deuda o, peor aún, con presión indirecta sobre el Banco Central, se inyecta dinero nuevo en la economía sin que haya más bienes ni servicios que respaldarlo. Ese dinero extra persigue los mismos bienes y servicios disponibles, y los precios suben.
No es teoría abstracta: es mecánica. El monetarismo sostiene que el control estricto de la cantidad de dinero es la única forma de mantener la estabilidad de precios a mediano y largo plazo.
Los déficits fiscales persistentes terminan siendo financiados de una u otra manera: o con más impuestos (que desincentivan la inversión), o con más deuda (que encarece el crédito privado y desplaza al sector productivo), o con emisión monetaria (que erosiona el valor del guaraní).
Los tres caminos tienen el mismo resultado final: pérdida de poder adquisitivo, especialmente para los asalariados, jubilados y familias de ingresos medios, que no tienen cómo protegerse de la inflación.
Por eso mantener el tope fiscal no es “austeridad cruel”; es la única forma responsable de preservar el valor de nuestra moneda y evitar que el Estado termine resolviendo sus errores de gestión con el impuesto más regresivo que existe: la inflación.
Quienes defienden levantar el tope argumentan que se trata de un “pago justo” y que las obras se paralizarán si no se actúa. Es un argumento emocionalmente poderoso, pero económicamente incompleto. Las deudas con proveedores existen porque el presupuesto se ejecutó mal o porque se aprobaron gastos sin tener los fondos correspondientes.
Tomemos un ejemplo concreto y realista de cómo pagar a los proveedores sin abrir la caja de Pandora. Sí, se les debe y se les debe pagar. Por esta única vez se podría autorizar un endeudamiento excepcional y acotado —mediante bonos específicos con vencimiento a mediano plazo— exclusivamente destinado a cancelar esa deuda histórica. Pero al mismo tiempo hay que cerrar los grifos del gasto corriente: congelar contrataciones innecesarias, eliminar subsidios distorsivos, revisar todas las obras en ejecución para priorizar solo las estratégicas y, sobre todo, aprobar una reforma legal que impida que en el próximo presupuesto se vuelvan a generar deudas con proveedores.
De esa forma resolvemos el problema inmediato sin crear el precedente de que “siempre habrá una excepción”. Es exactamente lo que hace una familia responsable cuando tiene una deuda urgente: paga lo que debe, pero ajusta sus hábitos de gasto para no volver a endeudarse.
La experiencia de América Latina es una lección clara y dolorosa. En la Argentina, décadas de déficits fiscales persistentes financiados con emisión monetaria han generado ciclos interminables de inflación, devaluaciones y defaults. Cada vez que se levantó el “tope” por “emergencia”, el resultado fue más deuda, más impuestos y menos crecimiento real.
En Venezuela, la combinación de gasto descontrolado y financiamiento monetario destruyó la moneda y la economía entera. En el otro extremo tenemos a Chile, que desde hace años aplica reglas fiscales contra cíclicas y un fondo soberano de estabilización: cuando los ingresos suben, ahorra; cuando bajan, usa las reservas. El resultado es inflación baja, inversión extranjera estable y crecimiento más predecible.
Perú, con su Ley de Responsabilidad Fiscal, ha logrado algo similar: limita el déficit, obliga a transparencia y ha evitado los peores excesos de sus vecinos. Paraguay ha caminado hasta ahora por un sendero mucho más cercano al de Chile y Perú que al de Argentina o Venezuela.
Precisamente por eso hemos mantenido inflación controlada, tipo de cambio estable y un sector privado que sigue invirtiendo. Levantar el tope fiscal ahora sería dar un paso atrás hacia el modelo que tanto daño ha hecho en la región: el de “gastar hoy y pagar mañana con inflación o con crisis”. Mantener el 1,5% obliga a hacer lo que todo hogar y toda empresa responsable hace: priorizar. Significa decidir qué obras son realmente estratégicas y cuáles pueden postergarse. Significa combatir la ineficiencia que infla los costos de las contrataciones públicas. Y, sobre todo, significa enviar una señal clara al mercado: en el Paraguay las reglas se respetan, la estabilidad macroeconómica es una prioridad y no vamos a sacrificar el futuro por resolver problemas del presente con más deuda.
Algunos dirán que en tiempos de deudas heredadas la rigidez es cruel. Yo respondo que lo verdaderamente cruel es condenar a las futuras generaciones a pagar los errores de hoy. Cada punto porcentual adicional de déficit que se autorice hoy será un punto menos de inversión privada mañana, un punto más de inflación el año que viene y un punto menos de credibilidad ante los inversores internacionales. La estabilidad no se negocia. Se construye con disciplina.
Por eso, como ciudadano que cree en una economía responsable, hago un llamado claro: pagar ya sí, tocar el déficit no. No es intransigencia; es sentido común monetario. No es austeridad ciega; es prudencia inteligente. Es la única forma de garantizar que los pagos a proveedores se hagan de manera sostenible, sin hipotecar el futuro del país. El debate actual no es solo sobre deudas pendientes. Es sobre el modelo económico que queremos para Paraguay. ¿Uno que confía en la disciplina fiscal y la responsabilidad monetaria como base del crecimiento, o uno que vuelve a las viejas recetas de déficits financiados con deuda y esperanzas de que “esta vez será diferente”?
La historia de América Latina ya dio su veredicto. Nosotros debemos tener la sabiduría de escucharla. Mantengamos el tope. Defendamos la estabilidad. Construyamos un Paraguay donde el Estado cumpla sus obligaciones sin comprometer la libertad económica de sus ciudadanos. Esa es la verdadera responsabilidad fiscal que merecemos.
(*) Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador Nayib Bukele.