La semana que pasó fue el 27 aniversario del “Marzo Paraguayo”, hito de la historia del Paraguay porque motivó un cambio de régimen donde abruptamente pasamos de ser una república tutelada por las Fuerzas Armadas, a otra tutelada por instituciones civiles. Fue el fin del militarismo y el principio de la civilidad. Fue el fin de la configuración política, social, económica y cultural de la posguerra del Chaco y que duró casi 70 años, y que, como toda disrupción de una cosmovisión —aquí y en cualquier parte del mundo— fue violenta.
El recuerdo de esa violencia nos remite instantáneamente al magnicidio del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, como detonante de un estallido que desembocó en más muertos y heridos, la renuncia del presidente de la República, la asunción de un nuevo gobierno y, lo más importante, un completo reordenamiento del tablero de poder en nuestro país.
Pero esa violencia material estuvo precedida de otra que no se recuerda mucho: la institucional, cuando por primera y hasta ahora última vez, en febrero de 1999, mes antes del magnicidio, un presidente de la República desacata abierta y desenfadadamente una orden judicial de la propia Corte Suprema de Justicia, que en el caso en particular le intima a dar cumplimiento a una sentencia firme que condenó a Lino Oviedo a prisión y su reclusión en un penal militar. El Estado de derecho había explosionado y el estado de cosas no tardaría en hacerlo.
El gobierno de Raúl Cubas Grau suele ser recordado como una masterclass de cómo dilapidar legitimidad en un chasquido de dedos. De obtener la mejor votación de la historia de la República, a verse forzado a renunciar a menos del año de su abrumadora victoria electoral, tras perder absolutamente todos los apoyos para gobernar.
No estoy de acuerdo.
La legitimidad es un concepto de la ciencia política vinculado al estudio del poder y que se explica con una afirmación que todos podemos comprender: que quien manda sea quien figure como quien mande, y que actores políticos y pueblo sepan que esa persona sea, efectivamente, quien manda.
En un sistema democrático republicano convencional, quien manda en el gobierno es quien resulte más votado para ser el presidente de la República. En uno convencional, pero el nuestro en los 90 no lo era, lo que explica que de cuatro presidentes que tuvimos en esa década, quien mandó fue solo uno: Andrés Rodríguez. Ni Wasmosy, ni Cubas ni mucho menos el inefable Lucho González Macchi mandaron ni esperaron hacerlo. ¿Qué rol cumplían entonces? Gestores de la cosa pública, pero radiados del ejercicio del poder real.
En los 90, entonces, y salvo una excepción, el sufragio otorgaba legitimidad, sí, pero no al votado sino al que lo apadrinó. Dicho esto, Raúl Cubas Grau, el presidente más votado en la historia de este país, quien obtuvo una mayoría en las urnas que jamás volvió a replicarse hasta hoy, proyectó su legitimidad hacia quien lo puso en el cargo, y tan explícita fue esta proyección que su campaña del 98 tuvo como eslogan: “Tu voto vale doble”.
O sea, votándome a mí, decía el presidenciable Raúl Cubas Grau, le apoyás a mi valedor: Lino Oviedo, quien es, en consecuencia, quien mandará, o, dicho de otro modo, Cubas al Palacio, Oviedo al poder.
Luego, lo supo el electorado, lo supieron todos los actores políticos, lo supo el propio presidente de la República, y, desde luego, lo sabía el padrino. Lo sabíamos todos.
Si lo sabíamos todos, ¿por qué esa dislexia masiva que se tradujo en la hipócrita indignación por el proceder del presidente de la República al liberar a Oviedo, al perseverar en la libertad de Oviedo pese a una orden judicial que le ordenaba lo contrario, y al aferrarse al poder a precio de sangre y fuego para que Oviedo siga libre? Cubas Grau actuó, en todo momento, como prometió hacerlo a los votantes y como se esperaba de él por su legitimador, su padrino, no sus votantes, que lo votaron, insisto, para gestionar, no para mandar.
Así, quien perdió legitimidad en marzo de 1999, y, con ello, el poder, fue Lino Oviedo, no Cubas Grau, porque la legitimidad siempre la tuvo aquel y no este. Y la perdió porque obró de un modo errático, impredecible, explosivo, y, a la postre, intolerable para la sociedad paraguaya.
Es sano para una sociedad aprender de sus errores, tanto como asignar responsabilidades políticas donde tocan, y no donde no. Los 90 nos enseñaron lo imprescindible que para la gobernabilidad es la conjunción en una sola persona de las dos autoridades que existen: la formal y la informal. El que parece y el que es.
También debe serlo en que aprendamos a discernir, a la hora de dar legitimidad con el voto, si a quien se la damos es no solo el que parece que va a mandar, sino el que manda de verdad.