El actor Mark Ruffalo, sí, el que interpreta al increíble Hulk, es protagonista de una excelente película, basada en hechos reales, llamada “Dark waters. El precio de la verdad”.
Allí se narra la historia del abogado corporativo Rob Bilott (Ruffalo), quien, en un giro que le cambiaría la vida, decide enfrentarse a su propio mundo al representar a un granjero de Virginia Occidental convencido de que la gigante química DuPont está envenenando su ganado y su comunidad. Lo que comienza como un favor casi incómodo se convierte en una investigación de dos décadas que destapa uno de los encubrimientos medioambientales más devastadores de la historia moderna: DuPont había estado contaminando durante décadas el agua potable de miles de personas con PFOA, un compuesto químico indestructible utilizado en la fabricación del teflón, cuya toxicidad era conocida internamente por la empresa mucho antes de que el mundo lo supiera. Bilott, solo contra un sistema diseñado para proteger a las corporaciones, sacrifica su carrera, su salud y su familia en una batalla legal agotadora, impulsado únicamente por la certeza moral de que alguien tiene que hacer lo correcto, aunque ese alguien sea el último en quien nadie esperaría encontrar a un héroe.
Traigo a colación esta película por lo que está pasando en nuestro país con el debate del acceso a smartphones y redes sociales a menores de 16 años. La misma defensa corporativa que se instala cuando empresas como DuPont ven en riesgo sus intereses, al descubrirse que esos intereses fueron forjados pasando por encima los derechos de las personas, es la que observamos ahora en nuestra sociedad.
El primer movimiento del manual: normalizar. Que un smartphone es “un derecho del niño”. No la educación pública, digna y gratuita, eso puede esperar, sino el smartphone.
El segundo movimiento: resignificar. Las redes sociales no son plataformas de extracción de datos diseñadas para maximizar el tiempo de pantalla de usuarios cada vez más jóvenes; son, nos dicen con cara seria, los nuevos canales de comunicación de esta generación. Como si abandonar a un menor en el ecosistema digital, donde operan con relativa impunidad redes de pedófilos, pederastas y abusadores, amén del cyberbullying ejercido por sus propios pares, constituyera algún tipo de metodología pedagógica innovadora.
El tercer movimiento, el más efectivo porque viene envuelto en progresismo cosmético: no se puede prohibir, es mejor enseñarles a usarlo. El argumento de los adultos “cool”. El de quienes confunden sofisticación con capitulación. Siguiendo esa lógica, bien podríamos dosificar el consumo de alcohol, marihuana, tabaco y apuestas deportivas entre adolescentes para que, llegada la mayoría de edad, ya sepan “lo que se siente”. La coherencia, al menos, sería admirable. Para que lo piensen: cuando sus hijos están frente a videojuegos como Roblox, Minecraft, FreeFire, no están jugando, no, están trabajando para esas empresas con su tiempo y sus datos.
La Cámara de Diputados no se animó a prohibir los celulares y las redes a niños, existiendo antecedentes de una ley anterior que nunca pudo definir qué es un “contenido académico” con celulares.
Desde que decidimos que los carteles de advertencia en cigarrillos, alcohol y apuestas deportivas debían ser más discretos que la publicidad que los rodea, quedó claro el orden de prioridades. Nos rendimos ante la industria hace tiempo. Solo que ahora la moneda de cambio son nuestros hijos.
En palabras de Agatha Christie: “Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz”.
Miguel Angel Gaspar
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