La promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales a finales de 2025 marca un “antes y un después” en la historia jurídica de nuestro país. No es una exageración decir que estamos ante un cambio de paradigma: Paraguay ha dejado de ser una isla en el mapa de la privacidad para integrarse formalmente a estándares globales en materia de protección de datos.
El nuevo pasaporte al mercado global
En un momento donde nuestro país se posiciona como la “niña bonita” en materia de inversiones. Esta ley suena como una carta de presentación ante el mundo, pues, al adoptar principios de vanguardia, Paraguay envía una clara señal a inversores extranjeros: somos un destino seguro con respecto al tratamiento de datos.
En una economía donde el dato es considerado el nuevo petróleo, contar con una legislación robusta en protección de datos y privacidad nos permite competir en igualdad de condiciones, eliminando las barreras que enfrentaban las empresas locales para operar con socios internacionales exigentes en esta materia.
El desafío de la implementación
Sin embargo, no todo es optimismo ciego. La rigurosidad de la ley es un arma de doble filo, pues si bien las grandes organizaciones empresariales cuentan con el músculo financiero y técnico para adaptar sus estructuras a las complejas exigencias de la ley, el panorama es distinto, por ejemplo, para el motor de nuestra economía: las mipymes. En ese sentido, citamos algunas consecuencias relevantes de la ley:
- <b>Costos </b> <b>de cumplimiento:</b> adecuar el flujo de datos, invertir en ciberseguridad, así como contratar consultores y oficiales de protección de datos representarían una carga operativa pesada.
- <b>Complejidad técnica:</b> la ley exige estándares de cumplimiento elevados que obligarán a una reingeniería interna y a una capacitación constante que no siempre está al alcance de un pequeño empresario.
- <b>Riesgo </b> <b>de sanciones:</b> una sanción de la autoridad reguladora podría asfixiar a quienes no tengan recursos para una implementación inmediata y adecuada de la ley. Recordemos que la sanción podría llegar a 10.000 jornales mínimos.
La necesidad urgente de una mesa técnica público-privada
El punto más crítico es la reglamentación de la ley. Actualmente, el Mitic, como ente responsable, tiene la tarea titánica de bajar la ley a la realidad del mercado. Aquí es donde surge la mayor preocupación: la falta de participación activa del sector privado.
Legislar “entre cuatro paredes” es un riesgo innecesario. Es imperativo que las autoridades escuchen a quienes realmente aplicarán la ley en el día a día.
El sector privado es quien genera mano de obra y dinamiza la economía; por ende, ignorar su visión en la mesa técnica de reglamentación podría derivar en normas inaplicables o desconectadas de la realidad comercial paraguaya. Una reglamentación sin consenso no solo dificultará el cumplimiento, sino que podría generar un impacto negativo en el clima de negocios que tanto nos ha costado construir.
Conclusión
Paraguay ha dado un paso valiente hacia la vanguardia digital. Pero para que este hito sea un éxito y no un obstáculo, el Gobierno debe abrir las puertas al diálogo. La protección de datos no debe ser un muro que detenga a las empresas, sino un puente que nos conecte con el futuro. Sin participación privada, la ley corre el riesgo de nacer desconectada de su propósito.
(*) Abogado con certificación internacional en protección de datos personales, diplomado en Derecho, Tecnología y Empresas – Universidad Torcuato di Tella – Buenos Aires, representante en Paraguay de la ALAP (Asociación Latinoamericana de Privacidad).