Justicia que llega tarde no es justicia. Esto lo testimonia el caso de Domingo Guzmán Rolón Centurión, quien murió el año pasado esperando el desenlace de un juicio a tres policías del régimen stronista que lo torturaron salvajemente, entre 1976 y 1977.
El jueves pasado, un Tribunal integrado por los jueces Héctor Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza condenó a los expolicías Eusebio Torres y Fortunato Laspina, a 25 años de cárcel, y a Manuel Alcaraz, a 20 años.
Los condenados no irán a prisión, pues el ordenamiento jurídico prevé —una cuestión de humanidad que estos no tuvieron con su víctima— que por su avanzada edad deberán cumplir la pena en sus casas.
La condena apenas si tiene un valor testimonial para la víctima —que ya no está en este mundo— y sus familiares.
Domingo Guzmán, un joven campesino de 19 años, era de una familia que integraba la satanizada Ligas Agrarias Cristianas, cuyo “pecado” era promover la educación popular, la distribución de tierras, precios justos para sus productos, entre otras reivindicaciones que hoy día se escuchan hasta el hartazgo en los discursos de políticos buscavotos.
Pero más allá de un consuelo tardío para los familiares de Domingo Rolón, la condena a estos brazos ejecutores de una política de Estado que eliminaba personas y reprimía ideas debe ser tomada como un mensaje alentador para la sociedad, en momentos en que voces y discursos pretenden justificar y reivindicar esa negra página de nuestra historia.
Y si bien hoy podemos decir que en nuestro país se cumplen las formalidades de un Estado de derecho, las instituciones de la República se muestran débiles —por corrupción o desidia— en proteger esos atributos elementales de una democracia, como justicia, seguridad, libertad de expresión, amenazados y acorralados por grupos criminales con tentáculos en los diferentes estamentos del poder público.
El caso del periodista Leo Veras, asesinado hace seis años en Pedro Juan Caballero, es un testimonio elocuente. La inercia de la justicia paraguaya llevó a que sus familiares recurran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando las respuestas que el Estado paraguayo es incapaz de responder.