Las dilaciones judiciales son lo opuesto a una justicia pronta y barata. Más todavía cuando son temas que repercuten en la imagen país, como aquellos tipificados como lavado de dinero. Estos merecen la atención ágil, porque delitos de ese porte concentran también la atención de la comunidad internacional.
Los retrasos en los tribunales mayormente son debidos a chicanas y a veces son parte de los tiempos normales que conlleva un proceso. No obstante, se debe cuidar que la Justicia haga su parte para deslindar las responsabilidades y, en caso de probarse la denuncia, debe aplicarse lo que dispone la ley.
Además de estar en juego el rostro de la nación, existen consecuencias que pueden entorpecer o dañar las necesarias inversiones, por lo que debe asumirse —además— que los juicios largos causan desconfianza. Con el agregado de que la gente pierde la fe en la aplicación de las leyes cuando el fallo llega tarde. O mucho peor si no llega.
Al respecto, es conveniente que pueda tener movilidad la causa penal caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”. Es un punto sensible que pone en riesgo el crédito de toda la banca nacional. Por ello, debe pasar a la etapa de juicio oral.
Se sabe que una recusación mantiene pendiente la intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así lo explicó el abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, quien —dentro de su potestad— cuestionó los tiempos que conlleva la resolución de una incidencia que, en la práctica, paraliza el avance del expediente.
Los motivos, más que como argumentos sólidos, pueden terminar justificando que se entorpezca saber la verdad sobre la grave acusación, que es nada menos que lavado de dinero. Se espera que la Corte defina la recusación y que el Tribunal de Apelación pueda resolver los últimos recursos que permanecen pendientes.
En lo que compete al Ministerio Público, la Fiscalía ya solicitó que la causa avance hacia un juicio oral y público. Ese pedido, sin embargo, no puede ser analizado mientras no se realice la audiencia preliminar, instancia en la que se debe determinar si corresponde elevar la causa a la instancia superior.
El caso es de atracción regional, pues es la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la que interviene como parte querellante en el expediente. Está relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero que involucran a Miguel Ángel “Miki” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y a otros miembros del Directorio del ente, como Celio Tunholi, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
Como podrá notarse, el caso reviste de importancia nacional pues se centra en una entidad que opera dentro del sistema financiero nacional. A eso se añade que posee el foco global por lo que es Conmebol. Ante lo dicho, cabe por el propio Estado de derecho la respuesta cuando los imputados están presuntamente involucrados en lavado de dinero, tipificado y sancionado con hasta diez años de cárcel dentro del Código Penal.