Un excolaborador de la firma Cerebro SA brindó un testimonio demoledor sobre la estructura de protección que permitió a Dalia López mantenerse en la clandestinidad.
El denunciante reveló que en su momento, la empresaria prófuga permaneció refugiada en una residencia de Areguá, propiedad del hermano de María Luz Peña, quien es esposa del directivo Bruno Masi.
Según el relato, la cúpula de la organización no solo proveyó el refugio, sino que gestionó toda la operatividad necesaria para el desplazamiento diario de la fugitiva en el departamento Central.
Esta información exclusiva fue procesada por el equipo periodístico de La Tribu 650 AM.
Intento de instrumentalización de vehículos particulares
El exfuncionario de Cerebro SA describió la frialdad con la que se intentó involucrar a empleados de menor rango en el esquema de encubrimiento.
El testigo relató que Bruno Masi solicitó el automóvil particular de un subordinado para realizar los traslados de Dalia López, buscando así evitar el uso de rodados vinculados directamente a la empresa o a su entorno familiar.
Ante esta exigencia, el trabajador se negó rotundamente para no quedar implicado en un delito. Esta maniobra evidencia una estrategia planificada para diluir la trazabilidad de los movimientos de la mujer más buscada del Paraguay.
Vínculo con el arribo de Ronaldinho y logística permanente
La declaración ratifica que la relación entre los directivos de Cerebro SA y la empresaria data de la organización del polémico arribo del exfutbolista Ronaldinho al país.
El ex empleado aseveró que María Luz Peña y su esposo coordinaron los detalles de aquella visita y mantuvieron el soporte logístico a Dalia López mucho después de estallar el escándalo de los pasaportes falsos.
El testimonio, que fue presentado con voz distorsionada por razones de seguridad, aporta datos precisos sobre una red de protección empresarial que habría operado activamente por encima de los mandatos de captura internacionales.
Repercusiones sobre la penetración del crimen organizado
Las revelaciones generaron un fuerte impacto en el ámbito político, provocando la reacción de legisladores como Colym Soroka, quien subrayó la gravedad de que figuras del entorno empresarial brinden cobertura a prófugos de alta peligrosidad.
El caso pone bajo sospecha la transparencia de la firma Cerebro SA y abre una nueva línea de investigación fiscal sobre el delito de encubrimiento. La fiscalía analiza ahora los movimientos migratorios y financieros de los implicados para contrastar los datos aportados por el testigo, cuya identidad permanece resguardada tras denunciar el funcionamiento interno de esta red de complicidad.