Dublín (EFE) La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), uno de los principales entes reguladores de la Unión Europea (UE), anunció una multa de 11 millones de euros a Tinder tras detectar diversas irregularidades en el acceso de los usuarios a sus propios datos personales.
La investigación oficial, que se encontraba en curso desde el año 2020, confirmó de manera concluyente que la compañía MTCH Technology Services Limited, actual propietaria de la exitosa aplicación de citas, infringió el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) del bloque europeo.
Concretamente, los auditores de la comisión examinaron a fondo el funcionamiento interno de la herramienta de autoservicio denominada ‘Download My Data’ (Descarga mis datos), el canal habilitado para que los clientes pudieran solicitar y descargar toda la información vinculada a sus perfiles.
Registros incompletos y plazos de cumplimiento
El ente regulador concluyó que esta herramienta técnica no proporcionaba a los usuarios una copia íntegra de sus datos personales. Se descubrió que determinadas categorías de información privada quedaban excluidas del archivo final sin que los afectados fueran notificados al respecto.
Asimismo, la DPC agregó que otros datos se facilitaban únicamente en formato resumido. Por este motivo, se determinó que la información proporcionada mediante esta función automatizada incumplía gravemente los requisitos de transparencia establecidos por el RGPD en relación con el derecho de acceso.
Como consecuencia directa, además de abonar la millonaria sanción económica, la compañía tecnológica estará obligada a modificar y adaptar todas sus operaciones de tratamiento de datos para garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria en un plazo máximo de tres meses.
El impacto masivo y la advertencia de las autoridades
El comisionado adjunto de la DPC, Graham Doyle, señaló a través de un comunicado oficial que “decenas de miles de usuarios” habían utilizado de buena fe la herramienta cuestionada durante el extenso periodo de tiempo que abarcó la auditoría de seguridad.
Doyle destacó públicamente que este tipo de sistemas automatizados son muy útiles, ya que pueden facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos por el RGPD y permitir a las grandes plataformas digitales gestionar de manera mucho más eficiente las solicitudes masivas de acceso.
No obstante, el funcionario europeo recordó de forma categórica que, aunque las plataformas no siempre están obligadas a proporcionar una copia absoluta de cada bit de información, “deben informar a los usuarios de forma transparente y justa sobre el alcance de la información facilitada”.