La inteligencia artificial ya ingresó en la educación superior, aunque muchas universidades todavía no decidieron cómo gobernarla. Puede personalizar el aprendizaje, producir materiales, automatizar tareas y apoyar investigaciones. Pero también facilitar el plagio, reproducir discriminaciones, exponer datos y ampliar la distancia entre instituciones.
El informe de UNESCO IESALC sobre oportunidades y desafíos de la IA advierte que la discusión no puede reducirse a permitir o prohibir herramientas. El desafío es incorporarlas con objetivos educativos, reglas verificables y supervisión humana. Esto exige liderazgo universitario y una política de Estado: ninguna institución puede resolver sola los problemas de infraestructura, regulación, formación docente, investigación o desigualdad.
La promesa es considerable. La IA puede ofrecer tutorías personalizadas, asistencia a personas con discapacidad, apoyo lingüístico y retroalimentación inmediata. Puede liberar tiempo docente y revelar señales de riesgo de abandono. En investigación ayuda a procesar grandes volúmenes de información.
Sin embargo, eficiencia no equivale automáticamente a calidad. Una predicción basada en datos incompletos puede etiquetar injustamente a un alumno. Un algoritmo entrenado con sesgos puede multiplicar la discriminación. Una plataforma comercial puede utilizar información académica sensible y una respuesta convincente pero falsa puede deteriorar el aprendizaje. La UNESCO señala que solo el 1,4% de los artículos sobre aplicaciones de IA en educación superior examinó cuestiones éticas, desafíos o riesgos. La innovación avanza más rápido que su evaluación.
La desigualdad es otro límite. El desarrollo está concentrado en países y empresas con capital, datos y capacidad informática. Universidades con menor presupuesto enfrentan mala conectividad, escasez de datos locales y dependencia externa. Las mujeres representaban apenas el 22% de los profesionales de IA citados por el informe. Si el acceso y las decisiones continúan concentrados, la tecnología consolidará exclusiones.
La tarea pública comienza por comprender que alfabetizar en IA no es solamente enseñar a usar una aplicación. Implica conocer sus límites, verificar resultados, proteger información, detectar sesgos y saber cuándo debe intervenir una persona. El pensamiento crítico debe atravesar todas las carreras. Medicina, derecho, periodismo, ingeniería, administración y humanidades necesitarán graduados capaces de trabajar con sistemas automatizados sin entregarles el juicio profesional.
El Estado debe avanzar con una agenda concreta:
- Formar equipos técnicos en los organismos que elaboran políticas para comprender las posibilidades, limitaciones y riesgos de la IA.
- Crear espacios de trabajo con universidades, estudiantes, docentes, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
- Regular con criterios de ética, seguridad, privacidad, transparencia, responsabilidad y supervisión humana.
- Financiar la capacitación docente y cursos de IA y ética para todas las áreas del conocimiento.
- Sostener la investigación interdisciplinaria y la cooperación internacional, atendiendo los problemas y datos locales.
- Garantizar conectividad e infraestructura para que la adopción tecnológica no profundice las desigualdades.
- Actualizar la evaluación y acreditación universitaria con criterios de utilización responsable de la IA.
- Incorporar el pensamiento crítico como competencia transversal en todos los planes de estudio.
- Aplicar políticas contra la exclusión por género, raza, origen social, discapacidad u otras condiciones.
Las medidas exigen evaluación permanente. Antes de contratar una herramienta, una universidad debe saber qué problema resolverá, qué datos utilizará, dónde serán almacenados, quién responderá por un error y cómo se medirá su impacto. Después deberá comprobar si mejoró el aprendizaje, la gestión o la equidad. Regular no es congelar la innovación, sino impedir que las decisiones educativas queden sometidas a sistemas opacos o intereses comerciales.
La IA no sustituye la misión universitaria ni la responsabilidad estatal: las pone a prueba. El país que solo compre plataformas seguirá siendo dependiente; el que forme personas, produzca conocimiento y proteja derechos podrá convertirla en una herramienta de desarrollo. Ya no se discute si entrará en las aulas, porque está allí. La decisión es quién fijará sus reglas y al servicio de quién funcionará.