La inteligencia artificial acaba de recibir una de las señales judiciales más contundentes desde el inicio de su expansión comercial. Una jueza federal de San Francisco aprobó el acuerdo por USD 1.500 millones mediante el cual Anthropic cerrará una demanda colectiva presentada por autores que acusaron a la compañía de utilizar copias pirateadas de sus libros para desarrollar Claude.
La resolución no declara ilegal todo entrenamiento de modelos con obras protegidas. El punto central es más preciso: una empresa puede defender que el aprendizaje automatizado tiene un propósito transformador, pero esa discusión no borra la responsabilidad por haber obtenido los materiales mediante bibliotecas piratas.
El expediente comenzó en 2024, impulsado por los escritores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson. La demanda sostuvo que Anthropic había descargado millones de libros desde repositorios ilegales y los había almacenado en una biblioteca interna destinada a nutrir sus sistemas.
En 2025, el juez William Alsup dictó una decisión dividida. Consideró que el uso de libros para entrenar modelos podía encuadrarse, bajo determinadas condiciones, dentro del “fair use” o uso justo. Sin embargo, rechazó que esa doctrina justificara la adquisición y conservación de copias obtenidas ilegalmente.
Esa diferencia terminó definiendo el caso. Anthropic reunió más de siete millones de libros procedentes de sitios como LibGen y PiLiMi. De ese universo, más de 482.000 obras cumplieron los requisitos para integrar la demanda colectiva. El acuerdo prevé alrededor de USD 3.000 por título, suma que podrá repartirse entre autores y editoriales según la titularidad de cada derecho.
La jueza Araceli Martínez-Olguín concedió la aprobación final y sostuvo que el convenio ofrece una reparación significativa. Más del 91% de las obras incluidas ya fueron reclamadas por sus titulares. El acuerdo se convierte así en la mayor recuperación económica conocida en un litigio de derechos de autor en Estados Unidos.
Algunos escritores y editoriales consideraron insuficiente la compensación, optaron por quedar fuera del convenio y continúan con demandas independientes. La mayoría, en cambio, aceptó una solución que evita un juicio cuyo desenlace era incierto tanto para los creadores como para la empresa.
La importancia del caso no se limita al dinero. La resolución obliga a separar dos cuestiones que durante años avanzaron mezcladas. La primera es si entrenar una inteligencia artificial con material protegido constituye un uso transformador. La segunda es cómo fue obtenido ese material.
En el caso Anthropic, la Justicia no equiparó automáticamente entrenamiento con infracción. Pero dejó claro que la piratería no queda saneada por el hecho de que las copias hayan sido utilizadas para construir una tecnología novedosa. El destino posterior de una obra no elimina la responsabilidad sobre su procedencia.
La distinción puede modificar la estrategia de toda la industria. Los grandes modelos necesitan enormes cantidades de textos de calidad para aprender estructuras lingüísticas, razonamiento y conocimientos especializados. Los libros resultan especialmente valiosos porque concentran contenidos extensos, organizados y revisados.
Obtener esos materiales mediante licencias puede ser lento, costoso y administrativamente complejo. Durante la primera etapa del auge de la IA, varias compañías avanzaron con una lógica conocida en el sector tecnológico: construir primero, ganar escala y discutir después los permisos, las compensaciones y las reglas.
El acuerdo demuestra que ese ciclo comienza a cerrarse. Meta, OpenAI, Google y otras empresas enfrentan demandas relacionadas con el uso de libros, noticias y contenidos protegidos. En mayo, grandes editoriales iniciaron una nueva acción contra Meta por el supuesto empleo de millones de obras y publicaciones académicas para entrenar su modelo Llama.
Los demandantes ya no cuestionan solamente la copia inicial. También sostienen que los sistemas resultantes pueden producir resúmenes, imitaciones o textos que compiten con los mercados que permitieron financiar y distribuir las obras originales.
Ahí aparece la próxima batalla jurídica. La doctrina estadounidense del uso justo analiza varios elementos, entre ellos el propósito de la utilización, la cantidad copiada y el efecto sobre el mercado potencial.
Las compañías tecnológicas alegan que sus modelos no funcionan como archivos que entregan cada libro al usuario. Afirman que extraen patrones estadísticos y relaciones lingüísticas para generar resultados nuevos. Los titulares de derechos responden que, aunque el procedimiento sea transformador, el producto final puede reducir ventas, licencias, tráfico, suscripciones o encargos profesionales.
El periodismo ocupa un lugar especialmente sensible. Una respuesta generada por un asistente puede resolver una consulta sin que el usuario visite la fuente original. Para un medio que depende de publicidad, suscripciones o licencias, esa sustitución puede transformarse en una pérdida inmediata y medible.
Paralelamente, comienza a formarse una economía de licencias. Empresas de inteligencia artificial, editoriales y grupos periodísticos negocian pagos por el acceso a archivos, noticias y catálogos. Todavía no existe un sistema dominante: se discute si la compensación debe calcularse por obra incorporada, por consulta, por utilización efectiva de una fuente o mediante tarifas globales.
El caso Anthropic no resolvió todas estas preguntas ni creó una regla obligatoria para cada tribunal de Estados Unidos. Sí dejó una advertencia difícil de ignorar: la innovación no elimina la obligación de explicar de dónde provienen los datos.
La etapa en que las compañías podían entrenar sistemas con grandes porciones de la producción cultural de internet sin rendir cuentas comienza a quedar atrás. Desde ahora, la procedencia, la autorización y el costo del conocimiento serán cuestiones tan importantes como la capacidad del modelo construido con él.