(EFE). Más de 350 científicos e investigadores de 30 países han advertido que las soluciones actuales para comprobar la mayoría de edad y permitir el acceso a ciertos servicios de internet pueden generar más perjuicios que beneficios. En una carta abierta, firmada por 371 especialistas —entre ellos 24 españoles de universidades, el CSIC e institutos y empresas vinculadas a la seguridad digital—, reclaman una moratoria antes de desplegar estas tecnologías a gran escala, mientras no exista consenso científico sobre su eficacia, su viabilidad técnica y sus efectos en seguridad, privacidad, igualdad y derechos.
Los firmantes comparten la preocupación por proteger a los menores de contenidos dañinos, pero subrayan que los mecanismos disponibles pueden eludirse con VPN, cuentas prestadas o compradas, credenciales falsas o incluso herramientas de inteligencia artificial. A su juicio, quienes queden bloqueados tenderán a migrar hacia plataformas menos reguladas y potencialmente más inseguras. Señalan además que una comprobación realmente robusta exigiría una infraestructura mundial de confianza, apoyada en certificados gubernamentales y criptografía fuerte, cuya implantación interoperable y global consideran dudosa a corto plazo.
También cuestionan que exista evidencia concluyente de que restringir el acceso de menores a determinados servicios mejore su salud mental o desarrollo. Alertan de que muchos métodos implican mayor recopilación de datos personales, especialmente los que estiman o infieren la edad mediante biometría o análisis de conducta. Entre los riesgos mencionan posibles sesgos y errores relevantes en tecnologías basadas en IA, discriminación hacia minorías, aumento del peligro de filtraciones por acumulación de información sensible y nuevas brechas de seguridad.
La carta advierte, asimismo, de impactos sociales; personas sin identificación digital compatible, sin dispositivos adecuados, con baja alfabetización tecnológica o mayores podrían quedar excluidas, incrementando desigualdades y empujando a algunos grupos a soluciones invasivas o inseguras. Además, una eventual regulación que limite el uso de VPN podría debilitar la protección digital de profesionales, activistas, víctimas de abuso y empresas.
Por ello piden frenar su despliegue, realizar estudios sistemáticos de impacto donde ya se aplican y explorar alternativas menos invasivas, como regular prácticas algorítmicas en redes, reforzar herramientas parentales y abordar causas estructurales del daño en lugar de controles generalizados de acceso.