El dato es incómodo para Bruselas, ya que los propios Estados miembros reconocen en sus informes oficiales que la gran mayoría de los portales públicos europeos siguen teniendo barreras de accesibilidad.
La Comisión Europea ha ido publicando el nuevo paquete de informes de monitorización 2022-2024 de la Directiva de Accesibilidad Web (UE) 2016/2102, y el patrón se repite país a país: 9 de cada 10 sitios web del sector público presentan al menos un incumplimiento técnico o funcional que puede impedir el uso normal a personas mayores o con discapacidad.
La Directiva 2016/2102 obliga a que webs y apps móviles de “organismos del sector público” (administraciones, universidades, hospitales, entidades públicas, etc.) sean accesibles. En la práctica, el cumplimiento se mide con estándares como las WCAG (pautas del W3C), organizadas en cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. En la UE, estos requisitos se aterrizan en la norma armonizada EN 301 549 (hoy referenciada en versiones recientes como v3.2.1), que sirve para demostrar conformidad.
¿Por qué importa? Porque la digitalización del Estado ya no es un “canal alternativo”; es la puerta de entrada a servicios esenciales. Citas médicas, ayudas sociales, educación, transporte, impuestos o trámites municipales dependen cada vez más de interfaces digitales. Y justo ahí la brecha es más sensible. Eurostat advierte que el nivel de competencias digitales básicas todavía está por debajo de los objetivos marcados para 2030, lo que agrava la vulnerabilidad de quienes ya parten con menos herramientas. Además, organizaciones de mayores han pedido a la UE que el salto digital sea “sin barreras” y diseñado contando con las personas mayores, no solo para ellas.
Los informes nacionales no solo contabilizan fallos, sino que permiten ver qué se rompe en el mundo real. Irlanda, por ejemplo, resume que los errores más frecuentes detectados en sus revisiones 2022-2024 se concentran en criterios WCAG de contraste de color, “nombre/rol/valor” (componentes de interfaz que los lectores de pantalla no interpretan bien) e “información y relaciones” (estructura semántica mal construida). También aparecen problemas recurrentes con PDFs, un formato habitual en la administración pero que a menudo se publica sin etiquetado accesible.
A nivel ciudadano, el impacto es directo: una persona ciega puede quedarse sin poder completar un formulario si los campos no están etiquetados; alguien con movilidad reducida puede no finalizar un trámite si la web no permite navegar con teclado; una persona mayor puede abandonar si el texto no es legible, el lenguaje es críptico o la jerarquía visual confunde. La accesibilidad no es “diseño bonito”; es la diferencia entre ejercer un derecho o no poder hacerlo.
La Directiva exige, además, transparencia y rendición de cuentas, pues cada sitio o app debe publicar una declaración de accesibilidad y ofrecer un mecanismo de feedback para reportar incidencias o pedir alternativas. Sin embargo, asociaciones de discapacidad señalan que la eficacia de estos mecanismos y la capacidad de las administraciones para responder aún es desigual, sobre todo fuera de los portales estatales, en el nivel local y regional.
La presión normativa va a más. Mientras el sector público sigue corrigiendo retrasos, la UE ya ha extendido obligaciones de accesibilidad al ámbito privado en servicios y productos digitales bajo el paraguas del European Accessibility Act, que en muchos países empezó a aplicarse en 2025. En paralelo, la Comisión ha advertido contra “soluciones mágicas” como los overlays, que maquillan la interfaz sin arreglar el problema de fondo. Hay que corregir la accesibilidad en el código, los contenidos y los procesos.
El mensaje que dejan los informes 2022-2024 es claro: no basta con “pasar” una auditoría o poner un sello. La accesibilidad es mantenimiento continuo, pruebas con usuarios (incluidas personas con discapacidad) y una cultura digital que trate la inclusión como infraestructura pública. Lo contrario tiene un coste silencioso, como exclusión, más reclamaciones, pérdida de confianza y un Estado menos usable justo para quien más lo necesita.