El ingeniero Tito Ocariz, gerente técnico de la ANDE, brindó una explicación detallada sobre el colapso que sufrió el sistema eléctrico nacional. En declaraciones para el programa Espresso Informativo por La Tribu 650 AM, el funcionario precisó que el evento ocurrió a las 15:20 horas debido al desprendimiento físico de un conductor en la línea de transmisión de 500 kV. Esta infraestructura es el principal vínculo para el transporte de energía desde la central Itaipú hasta la subestación Iguazú. Al quedar fuera de servicio, se produjo una desactivación inmediata de las protecciones de seguridad, dejando inoperativos los dos circuitos troncales que sostienen el suministro del Sistema Interconectado Nacional.
La salida abrupta de esta línea de alta tensión generó fenómenos críticos de subtensión y sobretensión, lo que forzó la intervención automática del Esquema de Control de Contingencias (ECC). Este protocolo de emergencia tiene la función de proteger la integridad de los generadores y transformadores mediante cortes de suministro controlados. Sin embargo, debido a que el incidente se produjo en un pico de alta demanda energética, el ECC ejecutó un despeje masivo de carga en todas las barras de 220 kV, resultando en la interrupción total del servicio para casi la totalidad del territorio paraguayo.
Investigación técnica y descarte de la hipótesis de sabotaje
Respecto al origen del desprendimiento, el ingeniero Tito Ocariz señaló que, aunque se registraron ráfagas de viento en la zona de Hernandarias, la infraestructura está diseñada bajo normas internacionales para soportar condiciones climáticas severas. Por este motivo, técnicos de la estatal y de Itaipú Binacional evalúan si el evento fue producto de una fatiga de material o un defecto en los componentes de sujeción. El gerente técnico descartó inicialmente cualquier posibilidad de sabotaje, subrayando que el tramo afectado se encuentra en una zona de acceso restringido y bajo monitoreo de seguridad constante.
La ANDE prevé contar con un informe conclusivo la próxima semana, tras analizar los registros de las protecciones y el estado físico de los conductores. El ingeniero Tito Ocariz enfatizó que el sistema debe ser auditado para entender por qué un evento puntual en una línea derivó en un colapso de tal escala. La investigación también se centrará en los ajustes de los sistemas de protección, buscando determinar si la respuesta automática fue proporcional al incidente o si existió un fallo en la coordinación entre la generación y la transmisión.
Protocolos de reposición y sincronización de centrales
La lentitud en la restitución de la energía fue uno de los puntos más cuestionados por la ciudadanía. Al respecto, el ingeniero Tito Ocariz explicó que, tras un colapso sistémico, la reposición debe seguir protocolos de carga gradual. No es posible reincorporar el 90% de la carga de manera instantánea, ya que esto provocaría una nueva desestabilización en las centrales hidroeléctricas. Se requiere una sincronización minuciosa para que el sistema tome potencia de forma escalonada, asegurando que la frecuencia se mantenga dentro de los parámetros operativos de seguridad.
Este proceso de estabilización es coordinado entre el Centro de Operación de la ANDE e Itaipú, priorizando primero los circuitos estratégicos antes de llegar a los transformadores de distribución domiciliaria. El funcionario aclaró que cualquier apresuramiento en la carga podría haber causado daños permanentes en la infraestructura de 500 kV, lo que hubiera extendido el apagón por días en lugar de horas. La prioridad institucional fue garantizar que la infraestructura estratégica no sufriera averías estructurales durante la fluctuación de tensión.
Fragilidad regulatoria y ausencia de resarcimiento al usuario
El incidente expuso nuevamente la vulnerabilidad del esquema eléctrico paraguayo y la carencia de un ente regulador autónomo. El ingeniero Tito Ocariz admitió que, a diferencia de Brasil, donde la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) fiscaliza y obliga al resarcimiento económico de los usuarios ante fallas, en Paraguay la ANDE opera bajo una autonomía absoluta. Esto implica que no existen mecanismos legales para el descuento automático en las facturas por el tiempo de interrupción del servicio, ni compensaciones por los perjuicios económicos sufridos por comercios e industrias.
La falta de una Agencia Reguladora impide una rendición de cuentas externa sobre el cumplimiento de los planes de mantenimiento y la calidad del servicio. Actualmente, la estatal se rige por la Ley 966, la cual sigue siendo funcional pero requiere de una actualización que contemple la figura de un regulador independiente. Bajo el modelo actual, el usuario queda desprotegido ante eventos de esta magnitud, ya que la institución no rinde cuentas a una autoridad superior que audite su desempeño técnico y financiero.
Necesidad de inversión y el debate sobre la tarifa política
Finalmente, el gerente técnico subrayó que la sostenibilidad del sistema depende de una inyección constante de capital. Para mantener la red operativa y acompañar el crecimiento anual de la demanda, la ANDE requiere ejecutar inversiones de al menos 350 millones de dólares anuales. El ingeniero Tito Ocariz advirtió que trabajar bajo una tarifa política limita la capacidad de la estatal para modernizar los conductores y las subestaciones de 500 kV, dejando al sistema vulnerable ante fallos mecánicos imprevistos.
La modernización de la red es urgente para evitar que desprendimientos fortuitos comprometan la seguridad energética del país. El funcionario concluyó señalando que, mientras no se ejecuten las obras de redundancia necesarias, el sistema seguirá operando cerca de sus límites de estabilidad en periodos de alta temperatura. La creación de un Ministerio de Energía y Minas fue mencionada como una posibilidad para centralizar la planificación estratégica y asegurar que la energía de las binacionales se traduzca en una red de transmisión de primer mundo.