David Portillo responde a la imputación en APA: sostiene que las cajas Jopói fueron entregadas y el gasto autorizado

El presidente de Autores Paraguayos Asociados rechaza que haya existido perjuicio patrimonial y afirma que la Comisión Directiva aprobó la actividad y el uso de intereses de CDA. La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en compras por unos G. 1.990 millones.

| Por La Tribuna
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Portillo responde a la imputación en APA.

David Portillo, presidente de Autores Paraguayos Asociados (APA), defendió la ejecución del programa de regalos navideños Jopói 2025, tras la imputación por presunta lesión de confianza presentada en su contra y contra otros tres directivos. Sostuvo que las compras fueron autorizadas y que la totalidad de las cajas fue entregada a los socios.

“Estoy con la conciencia tranquila”, expresó Portillo a La Tribuna. Aclaró, sin embargo, que limitará sus declaraciones porque el caso está a cargo de sus abogados defensores y deberá discutirse en sede judicial.

La imputación fue formulada por los fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia.

Además de Portillo, fueron imputados Humberto Victorio Rodas Orué, director general; Juan José María Vidal Bonin, director administrativo y financiero; y Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.

La posición de Portillo

El presidente de APA sostiene que no existió perjuicio patrimonial porque se trató de una actividad social aprobada por la Comisión Directiva y efectivamente ejecutada. Según su explicación, se pagó por una provisión que se concretó y que los socios recibieron.

Portillo afirma que la totalidad de las cajas Jopói fue entregada a los beneficiarios. Sobre esa base, rechaza que el gasto destinado a cumplir la actividad pueda ser considerado un daño patrimonial para la institución. Indicó que los fundamentos y la documentación de respaldo serán presentados por sus abogados.

Respecto de los intereses de los certificados de depósito de ahorro (CDA), sostuvo que su utilización se encuadró en el margen administrativo previsto por los Estatutos Sociales. Afirmó que contó con autorización de la Comisión Directiva y que posteriormente fue ratificada por sus integrantes en otra sesión.

“Eso fue utilizado dentro del margen administrativo que autorizan los Estatutos Sociales para la gestión administrativa”, señaló. Añadió que la autorización y su posterior ratificación forman parte de los puntos que deberá desarrollar la defensa.

Qué plantea la Fiscalía

Según el relato fiscal recogido por los medios, entre julio y octubre de 2025 los directivos habrían intervenido en la adquisición de regalos navideños por aproximadamente G. 1.990 millones, dentro del programa Jopói 2025.

La hipótesis del Ministerio Público señala que, una vez agotados los recursos destinados a actividades sociales, se habrían utilizado G. 696.794.530 provenientes de intereses de CDA sin la autorización previa requerida. Este es uno de los puntos que Portillo controvierte al sostener que existieron aprobación y ratificación de la Comisión Directiva.

El Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de salir del país, ingresar a la sede de APA y comunicarse entre los imputados, además de una caución real. Las publicaciones también informan citaciones para declaración indagatoria los días 12 y 13 de octubre.

La defensa se ejercerá ante la Justicia

Portillo manifestó que, al momento de sus declaraciones, esperaba la decisión del juzgado sobre la admisión o no de la imputación y la notificación correspondiente. Afirmó que todavía desconocía el relato fáctico que sustentó la presentación fiscal y que, una vez recibido formalmente, trabajaría con sus abogados en la respuesta.

“Eso se debe discutir en sede judicial; sería impertinente de mi parte ponerlo en debate en otras esferas”, expresó.

El titular de APA reiteró que su posición se apoya en tres afirmaciones: la actividad fue autorizada, se ejecutó y los socios recibieron las cajas Jopói. La defensa deberá responder también a los cuestionamientos específicos de la Fiscalía sobre la documentación, los pagos y la utilización de los recursos.

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