Los Ángeles (EFE).-
Discovery, Inc. por parte de Paramount Skydance Corporation por 110.000 millones de dólares.
La demanda, presentada ante un tribunal federal de California, busca frenar la fusión al argumentar que viola las leyes contra los monopolios en Estados Unidos.
La querella señala que la operación incumple la sección 7 de la Ley Clayton, la principal normativa que prohíbe acuerdos empresariales que puedan limitar la competencia o favorecer la creación de un monopolio.
“La fusión ilegal de estos dos gigantes del entretenimiento conllevaría precios más altos, menor calidad y menos contenido para el cine y la televisión, perjudicando a las salas de cine, a los distribuidores de cable básico y, en última instancia, al público en cada sofá y butaca de cine en los Estados Unidos”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda.
A Bonta se sumaron los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington en esta solicitud.
Según la demanda, la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable.
En junio, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, después de que las autoridades concluyeran que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de streaming y producción de contenidos, tras una investigación de ocho meses.
No obstante, la Unión Europea aún está revisando el acuerdo para su aprobación, con fecha límite provisional fijada para el 22 de julio.
El sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, en inglés) también demandó a Paramount al considerar que la adquisición de Warner Bros. Discovery infringe las leyes antimonopolio, sumándose a la ofensiva judicial emprendida por doce estados del país contra la polémica fusión.
“Los guionistas cobrarán menos y tendrán menos oportunidades de empleo”, afirmó el organismo en un comunicado.