En esta sexta entrega de la serie “Candados constitucionales para la estabilidad fiscal del Paraguay”, hacemos el análisis de la Comparación Paraguay-Chile: deuda y reglas fiscales.
Paraguay y Chile comparten una vocación de estabilidad macroeconómica en una región proclive al populismo fiscal, pero sus trayectorias revelan diferencias institucionales que merecen atención.
A marzo del 2026, la deuda pública bruta de Paraguay se sitúa en torno al 35,5% del PIB, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que Chile cerró el 2025 en 41,7% y ya alcanza el 42,6% en el primer trimestre del 2026. Chile opera con una regla fiscal dual –balance estructural más un ancla prudencial de deuda en 45% del PIB–, que ha sido elogiada internacionalmente, aunque enfrenta presiones crecientes.
Paraguay, con menor endeudamiento relativo, tiene la oportunidad de ir un paso más allá: institucionalizar un límite constitucional más estricto, del 40% del PIB, inspirado en la prudencia chilena, pero reforzado con la disciplina que Milton Friedman y la Escuela de Chicago siempre defendieron.
Friedman insistía en que el gasto público descontrolado es el verdadero enemigo de la prosperidad. La deuda, para él, no es un instrumento neutral de política económica, sino un impuesto diferido que distorsiona los incentivos, desplaza la inversión privada y carga a las generaciones futuras. “El gobierno gasta todo lo que recauda más todo lo que puede pedir prestado”, advertía.
Un candado constitucional al 40% del PIB obligaría a priorizar, a elegir y a rendir cuentas, evitando que el Leviatán fiscal se alimente de deuda fácil. La comparación con Chile es ilustrativa. Nuestro vecino andino ha mantenido una de las políticas macroeconómicas más responsables de América Latina durante décadas. Su regla fiscal, reforzada en los últimos años con el “nivel prudente” de deuda bruta en 45% del PIB, ha servido como ancla de credibilidad.
Gracias a ella, Chile ha accedido a financiamiento en condiciones favorables, ha atraído inversión y ha amortiguado shocks externos como la pandemia o la caída de los precios del cobre. Sin embargo, la experiencia reciente muestra los límites de una regla que, aunque sólida, depende en gran medida de voluntad política y no de un blindaje constitucional duro. La deuda chilena sigue una trayectoria ascendente y el déficit estructural ha superado metas, lo que genera debates sobre la sostenibilidad a mediano plazo.
Paraguay, en cambio, mantiene una deuda más baja (alrededor del 35,5% a inicios del 2026), resultado de una gestión relativamente conservadora y de un crecimiento económico que ha expandido la base del PIB. Esta posición es envidiable, pero frágil. Sin un candado institucional fuerte, la tentación electoral de aumentar gasto –infraestructura, subsidios, promesas sociales– puede erosionar rápidamente esta ventaja.
La historia regional enseña que la disciplina fiscal es fácil en bonanza y desaparece en tiempos electorales. Por eso, elevar la prudencia chilena a nivel constitucional paraguayo –con un techo más bajo del 40%– representa un avance cualitativo.
Incorporar este límite en la Constitución no es mera copia; es adaptación inteligente a nuestra realidad. El 40% es un umbral conservador que deja margen para maniobrar en ciclos normales y para responder a shocks genuinos mediante excepciones estrictas: solo por emergencia nacional declarada por ley, con mayoría calificada del Congreso y con un plan claro de retorno al techo en un plazo definido.
Esto evita que la excepción se convierta en norma, como ha ocurrido tantas veces en la región. Los beneficios de este candado serían profundos y alineados con el pensamiento de Chicago. En primer lugar, mayor calificación crediticia y menor costo de financiamiento.
Las agencias de rating valoran las reglas fiscales difíciles de revertir. Un Paraguay constitucionalmente responsable pagaría menos intereses, liberando recursos que hoy se destinan al servicio de la deuda hacia inversión productiva o alivio tributario. Segundo, estabilidad y predictibilidad. Los inversores extranjeros y locales sabrían que el Estado paraguayo no cruzará líneas rojas, reduciendo el riesgo país y atrayendo capital genuino, no rentista. Tercero, disciplina presupuestaria real. Un techo de deuda fuerza al Gobierno a priorizar gastos de alto retorno y a contener el clientelismo. Friedman celebraría esto: al limitar el endeudamiento, se limita el tamaño relativo del Estado y se devuelve espacio al sector privado, motor verdadero del crecimiento inclusivo.
Chile nos enseña tanto lo que funciona como lo que puede mejorarse. Su regla ha generado credibilidad, pero la presión política constante por elevar el gasto ha llevado a incumplimientos y a un gradual aumento de la deuda.
Paraguay puede aprender esa lección y blindarse mejor. Un límite constitucional del 40% sería más ambicioso, más vinculante y protector de la libertad económica. No se trata de austeridad ciega, sino de responsabilidad adulta: gastar solo lo que podemos pagar sin hipotecar el futuro. Esta propuesta encarna el núcleo de la Escuela de Chicago: instituciones que limiten el poder discrecional del Estado y promuevan reglas claras y predecibles.
Friedman y sus colegas entendieron que la libertad económica florece cuando el Gobierno opera bajo restricciones creíbles, no bajo impulsos electorales. Nuestro país, con su economía abierta, su sector privado dinámico y su historia de relativa estabilidad, está en condiciones ideales para dar este salto institucional.
En última instancia, el candado de deuda al 40% del PIB no es un detalle técnico. Es un acto de soberanía económica. Es elegir el camino de la prudencia elevada, la disciplina mejorada y la visión friedmaniana aplicada a nuestra realidad. Es garantizar que las futuras generaciones de paraguayos hereden oportunidades, no facturas. Es afirmar que el Estado debe servir al ciudadano, nunca al revés. Nosotros los paraguayos merecemos instituciones que premien la responsabilidad y desincentiven la demagogia. La comparación con Chile nos muestra el camino; la propuesta de un límite constitucional más estricto nos permite superarlo.
(*) Economista, analista de La Tribuna y asesor económico del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.