ENCARNACIÓN. La crisis afecta a 48 empleados de la firma GSR Security, quienes fueron notificados sin las formalidades legales que están suspendidos en sus funciones por 60 días, sin goce de sueldo. Entre los afectados se encuentran los encargados de la seguridad en el HGI, y quienes cubrían las sucursales de Ueno Bank en Encarnación.
Los trabajadores exigen el pago de dos meses de salario atrasados -octubre y noviembre-, pago de liquidaciones, el reconocimiento de antigüedad, entre otros beneficios por cesación injustificada de trabajo.
Acompañados de su asesora legal, abogada Liliana Talavera, los guardias se presentaron ante la oficina regional del MTESS, donde constataron que no existe ningún registro administrativo sobre la suspensión de que fueron objeto.
La preocupación de los trabajadores es qué va pasar con sus salarios atrasados, y cuándo podrían cobrar, atendiendo a la situación en que se encuentra la empresa por causa del “affaire” Ueno Bank.
Extraoficialmente se les informó que la empresa está carente de fondos para cumplir los compromisos con sus empleados.
Manifestación frente al HGI
Para mañana está anunciada una movilización frente al Hospital General de Itapúa de todos los empleados afectados. Los guardias de seguridad ya no están cumpliendo tareas, por lo que el centro asistencial se encuentra desprovisto de seguridad actualmente.
La asesora legal de los trabajadores anunció que iniciarán una demanda judicial para exigir el cumplimiento del pago de salarios y todos los beneficios emergentes.
La empresa de seguridad privada GSR Security está vinculada al Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, empresa intervenida y que soporta un proceso penal por diversos presuntos hechos punibles, entre ellos estafas a ahorristas.
Tras un allanamiento fiscal a la sede de la empresa GSR, realizado entre el martes y miércoles últimos, en Asunción, se detectó un faltante de G. 3.090 millones, que debería estar en la bóveda de la compañía de seguridad.
El propietario de la empresa, Fabricio Martínez Appleyard, soporta un proceso penal por presunta apropiación y frustración de la persecución y ejecución penal, vinculado al caso Ueno Bank.
Martínez Appleyard se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú), por orden del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia.


