Estamos viviendo una caída estructural del transporte público en el Área Metropolitana de Asunción. No es una molestia pasajera: desde la pandemia, cada año hay menos colectivos en la calle. Hoy circulan cerca de 1.400 unidades; son 200 menos que hace apenas dos años y casi 600 menos que hace cinco. Ese hueco no lo llena nadie. La gente espera más, se resigna, abandona el servicio, compra una moto, comparte autos. El tráfico explota y el círculo vicioso se aprieta. Mientras tanto, el transporte público —que debería ser la columna vertebral de la ciudad— queda relegado.
De esa realidad nació Opama, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, tras las “reguladas” de marzo de 2023. No son diputados, no son ministros, no controlan subsidios. Son usuarios. Y, sin embargo, su voz ordena el debate mejor que muchos discursos oficiales: poner a las personas primero, exigir datos y convertir la queja en propuesta. Porque la democracia no es solo votar cada cinco años: también es organizarse para que el Estado funcione.
Hoy hay una reforma en la Cámara de Diputados. No es un giro de 180 grados; apunta sobre todo a “hacer más eficiente” lo que ya existe. ¿Alcanza? Mauricio Maluff, referente de Opama, lo dice sin rodeos: el problema es más hondo. Tenemos casi 40 líneas operadas por empresas que deben ser rentables por sí mismas. Eso vuelve rígido el sistema y deja huecos donde la rentabilidad no aparece: los servicios barriales que alimentan a los troncales, por ejemplo, suelen ser deficitarios y nadie los quiere operar. Además se duplican costos: cada línea con su administración, su contador, sus paradas, sus trámites. La eficiencia suma, sí, pero no reemplaza lo que falta: inversión y una visión integrada.
Porque la gente no abandona el bus por capricho. Lo hace porque no llega. En barrios como Santísima Trinidad, líneas que antes pasaban ahora casi desaparecen. Hay familias que deben tomar dos colectivos para ir del barrio al centro. De noche, peor; no hay servicio o hay que caminar largas cuadras hasta una parada. Y cuando Asunción quiere brillar con eventos internacionales, el sistema desnuda su fragilidad: sedes sin cobertura, voluntarios varados, retornos imposibles. Una ciudad moderna no se sostiene en taxis y apps; se sostiene en un transporte público que llega a tiempo, seguro y previsible.
Opama insiste: la reforma que se discute carece de ambición si no trae presupuesto nuevo ni metas medibles. Con la “misma plata” y el pasaje congelado, es difícil imaginar un salto de infraestructura que recupere pasajeros. Aun así, el gobierno parece temer proyectos grandes. Pesa el fantasma del metrobús, símbolo de lo que no debe ocurrir. Pero gobernar con miedo también cuesta: se pierde tiempo, se agrandan problemas, se castiga a quienes menos tienen.
Las organizaciones de la sociedad civil existen para romper esa inercia. No buscan cargos, buscan soluciones. Su fuerza está en los puentes: entre pasajeros y ministerios, entre técnicos y barrios, entre la urgencia y el plan. ¿Qué proponen? Cosas concretas y entendibles:
Rediseñar la red con lógica de troncales y alimentadores, asegurando cobertura barrial aunque no sea rentable por sí sola.
Contratos por servicio y resultados, no por línea suelta, con indicadores públicos: frecuencia, puntualidad, seguridad y atención nocturna.
Datos abiertos para que cualquiera pueda verificar si lo prometido se cumple.
Prioridad vial (carriles exclusivos, control en serio) donde haga falta y no solo en los papeles.
Integración tarifaria que evite pagar doble cuando se combinan troncales y alimentadores.
Mesas de seguimiento ciudadano, con Opama y otras organizaciones, para corregir a tiempo.
Nada de esto es ideología complicada; es sentido común con voluntad política. Porque la ciudad no se arregla con más estacionamientos ni con promesas vagas. Se arregla cuando el bus vuelve a ser la opción lógica para ir al trabajo, a estudiar, a cuidar. Cuando el centro histórico deja de vaciarse porque moverse es sencillo y seguro. Cuando el Estado escucha y corrige, y la ciudadanía acompaña y controla.
Maluff lo resume al hueso: “No hay suficiente colectivo para la demanda que hay”. Esa frase duele porque es verdad. Pero también señala el camino: poner los colectivos donde se necesitan, renovar flota, planificar corredores, sostener los barrios con alimentadores, y medir todo, todo el tiempo. Si el transporte mejora, mejora la ciudad. Y cuando mejora la ciudad, mejora la vida.
Opama y tantas otras organizaciones nos recuerdan algo básico: participar no es gritar desde la vereda; es construir. Debatir, proponer, insistir, monitorear. No ocupan bancas ni ministerios, pero empujan cambios que se sienten en la parada, en el reloj, en el bolsillo. Son ciudadanía organizada haciendo que el sistema responda.
Porque al final se trata de esto: que nadie pierda una jornada por esperar un bus que no llega. Que volver de noche no sea una apuesta. Que la ciudad vuelva a estar cerca. Un transporte público digno no es un lujo; es una política de igualdad.
Y ahora, ¿qué elegimos como sociedad? ¿Una reforma mínima que deja todo más o menos igual, o un salto que nos devuelva el tiempo y la ciudad? Escuchemos a quienes viajan todos los días. Démosles lugar en la mesa.
Un sistema que llega a tiempo es un país que se encuentra.
