El abogado Juan Sosa Bareiro expresó su enérgico rechazo ante el anuncio de un paro escalonado por parte de los gremios de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Mencionó al Justicia al Día a través de La Tribu 650 AM que ninguna reivindicación gremial, por más legítima que sea, justifica la paralización de un poder del Estado. Según el jurista, esta medida de fuerza atenta directamente contra el derecho de los justiciables y perjudica el ejercicio profesional de miles de abogados que dependen de la actividad tribunalicia.
Sosa Bareiro calificó el cronograma de movilizaciones como un atropello a la Constitución Nacional. El plan de acción de los funcionarios contempla un cese de actividades que iniciará el martes 17 de febrero. La medida será gradual, comenzando con una hora de paro por jornada hasta llegar al cese total de actividades los días 23, 24 y 25 de febrero. El abogado advirtió que no se puede permitir que un segmento particular "cierre" el sistema de justicia, el cual ya arrastra un colapso institucional desde hace años.
Acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia
Ante la inminencia de la huelga, el gremio de abogados de pasillo y la organización Convergencia preparan una nota formal dirigida a la Corte Suprema de Justicia. Juan Sosa Bareiro adelantó que solicitarán sanciones directas para aquellos magistrados y funcionarios que abandonen sus puestos de trabajo. "Vamos a plantarnos y pedir respuestas claras; no podemos ser siempre las víctimas de un Estado ineficiente", puntualizó el profesional. El objetivo es que la máxima instancia judicial cumpla con su deber de garantizar la continuidad del servicio público esencial.
El jurista comparó la situación con otros servicios críticos del país. Cuestionó qué sucedería si los médicos abandonaran los hospitales o la policía dejara de patrullar las calles por reclamos salariales. Para Sosa Bareiro, la interrupción del servicio de justicia es un delito que desprotege a la ciudadanía y debilita la institucionalidad de la República. El abogado insistió en que los magistrados tienen derecho a su lucha, pero no a costa de sacrificar las esperanzas y expectativas de quienes depositan su confianza en los tribunales.
La crisis previsional del abogado independiente
La discusión sobre la reforma de la Caja Fiscal también puso en evidencia la falta de protección social para los abogados pasilleros. Sosa Bareiro recordó que el sector no cuenta con una jubilación pública ni privada garantizada. "Vivimos de las pocas o muchas inversiones que pudimos hacer durante el ejercicio", lamentó. Aunque existe un proyecto de ley para destinar un porcentaje de las tasas judiciales a un fondo previsional, la propuesta permanece estancada en el Congreso desde hace cuatro años sin avances significativos.
Finalmente, el abogado subrayó que el Poder Judicial se sostiene, en gran medida, gracias a la gestión de los profesionales del foro. Miles de millones de guaraníes ingresan anualmente en concepto de tasas judiciales generadas por los litigios que impulsan los abogados. Por ello, Sosa Bareiro consideró una ironía que el mismo sistema que se financia con su trabajo ahora les cierre las puertas por una disputa presupuestaria interna. El gremio se mantiene en alerta para defender el funcionamiento de la justicia durante este conflictivo inicio de año judicial 2026.