El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, confirmó la desaparición de cinco pistolas de la armería de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. En comunicación con Espresso Informativo por La Tribu 650 AM, el funcionario explicó que detectaron el hecho cerca de la medianoche del pasado domingo. Eso derivó en la imputación de cuatro agentes penitenciarios por el presunto delito de hurto especialmente grave. A pesar de los allanamientos y la revisión exhaustiva del circuito cerrado, los investigadores aún no localizaron las armas.
Maciel desmintió categóricamente los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto faltante de armamento en la cárcel de Tacumbú. Según informó el viceministro, se realizó un inventario preventivo tras la internación del director del penal y el resultado arrojó que no existe ninguna irregularidad en el stock de armas. Las autoridades aseguran que los controles cotidianos se encuentran al día y que la seguridad interna no se vio comprometida en dicho establecimiento.
Fuga en Minga Guazú y el análisis del dolo eventual
La intervención en la penitenciaría de Minga Guazú continúa tras la fuga de dos internos que se encontraban en el módulo cinco, un sector convencional dedicado a la artesanía. Maciel detalló que, durante el momento del escape, el operador encargado del monitoreo de cámaras y alarmas se quedó dormido, a pesar de que los equipos técnicos funcionaban perfectamente. Por este motivo, la Dirección de Asuntos Internos analiza la figura del dolo eventual para determinar la responsabilidad penal del funcionario involucrado por su negligencia.
Hasta el momento, las autoridades recapturaron solo a uno de los prófugos. El segundo interno, quien debía cumplir su condena este mes de junio, permanece con paradero desconocido. El viceministro aclaró que el régimen de reclusión del recapturado pasará a ser cerrado y mucho más estricto a partir de ahora. Sin embargo, la fuga en sí no representa un aumento en los años de su condena original. La investigación administrativa sigue su curso para identificar a todos los responsables de facilitar el hecho.
La Ley de Emergencia Penitenciaria y el apoyo militar
El Ministerio de Justicia aguarda el tratamiento de la Ley de Emergencia Penitenciaria en la Cámara de Senadores para validar el respaldo legal de las fuerzas públicas en las cárceles. Maciel señaló que el Código de Ejecución permite el auxilio de militares y policías en el perímetro de los centros penitenciarios de manera excepcional y temporal. La presencia de efectivos militares actúa como un factor disuasivo fundamental ante posibles intentos de rescate por parte de peligrosas organizaciones criminales internacionales.
Finalmente, el viceministro abordó la dificultad estructural para contratar nuevos agentes penitenciarios capacitados en el país. El año pasado, de las 300 plazas disponibles para la cárcel de Minga Guazú, menos de 100 personas se postularon para cumplir dicha función. Maciel subrayó que el problema no es presupuestario, sino que la profesión no resulta atractiva para los jóvenes paraguayos, lo que obliga al sistema a seguir dependiendo del apoyo perimetral de las fuerzas militares y policiales.