“Si bien la conducta de Roque Damián Valdez Centurión se encuentra subsumida en carácter de cómplice, tenemos que en cumplimiento de sus funciones ya ha demostrado una conducta obstruccionista en el sentido de intentar eliminar prueba del sistema SAF…”, lo cual fue nuevamente reiterado por el Ministerio Público en la contestación de los agravios ya en esta instancia.
En ese sentido, también requiere para la vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva la existencia de la posibilidad de obstruir el imputado actos concretos de investigación, y puntualmente en autos se ha afirmado con contundencia de que ello aconteció en la persona de este imputado al intentar eliminar pruebas del sistema informático a su cargo el cual a la fecha es objeto de análisis y estudio en la comprobación de los hechos punibles recientemente investigados.
“Por todo lo expuesto precedentemente a criterio de este tribunal sigue latente como bien afirma el juez interviniente los tres presupuestos procesales del Art. 242 referente a la medida cautelar de prisión preventiva por lo cual ella debe ser confirmada conforme a la resolución”, sostiene la resolución del tribunal de alzada.
Valdez Centurión está imputado junto con Óscar Cañete Roa, exgerente de la Copaco, y Víctor Marcelo Jacquet por el presunto desvío de más de G. 1.100.000.000.
La imputación fiscal explica que los sindicados, con los cargos ocupados y que a ellos le permitían el acceso tanto en el sistema informático administrativo y contable interno de Copaco SA, conocido como Sistema Administrativo y Financiero (SAF), así como a las cuentas corrientes del ente en los diversos bancos de plaza, los mismos habrían simulado pago a proveedores, autorizados por la comisión directiva del ente, mediante transferencias por el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap); sin embargo, parte de dichos fondos, en este período de tiempo habría sido destinado a las cuentas personales de ambos funcionarios.
Uno de los imputados, en su carácter de gerente administrativo financiero de Copaco SA, en este caso Óscar Cañete, así como el segundo imputado Roque Valdez, en su carácter de jefe del Departamento de Tesorería de la misma compañía, habrían accedido a los sistemas y cuentas bancarias de la institución, implementado un mecanismo orientado a simular egresos por parte del ente, a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales para, en realidad, disponer y redirigir los fondos a cuentas particulares de ellos mismos así como de terceros.