La defensa de Osmar Cañete Roa pidió al juez Humberto Otazú arresto domiciliario y el uso de tobillera electrónica para su cliente; sin embargo, el magistrado sostiene que no existen hechos nuevos que motiven para una medida sustitutiva.
El juez penal de Garantías, Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Humberto Otazú, ratificó la prisión preventiva del exgerente administrativo y financiero de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco SA) Osmar Cañete Roa, imputado por el supuesto desvío de más de G. 1.100 millones de fondos del ente a su cuenta personal.
La defensa del procesado solicitó al juzgado el arresto domiciliario con tobillera electrónica, ya que el acusado cuenta con suficiente arraigo para someterse al proceso. Sin embargo, el juez consideró que las circunstancias que motivaron la decisión de ordenar su prisión no cambiaron, es decir, no existen hechos nuevos para revocar la medida.
Imputados
Óscar Cañete Roa está imputado junto con el exjefe de Tesorería Roque Alberto Damián Valdez Centurión y Víctor Marcelo Jacquet Pintos por lesión de confianza, instigación de alteración de datos, producción de documento no auténtico y alteración de datos.
La imputación fiscal explica que los sindicados, gracias a los cargos que ocupaban, accedían tanto al sistema informático administrativo y contable interno de Copaco SA (conocido como Sistema Administrativo y Financiero o SAF) como a las cuentas corrientes del ente en los distintos bancos de plaza. Con ese acceso, simularon pagos a proveedores autorizados por la comisión directiva del ente mediante transferencias a través del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap). Sin embargo, durante ese período, desviaron parte de esos fondos a las cuentas personales de ambos funcionarios.
Uno de los imputados, en su carácter de gerente administrativo financiero de Copaco SA, en este caso Óscar Cañete, así como el segundo imputado Roque Valdez, en su carácter de jefe del Departamento de Tesorería de la misma compañía, habrían accedido a los sistemas y cuentas bancarias de la institución implementando un mecanismo orientado a simular egresos por parte del ente, a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales para, en realidad, disponer y redirigir los fondos a cuentas particulares de ellos mismos así como de terceros.
La maniobra comenzó a desmoronarse en enero del 2026. Una revisión de rutina detectó facturas municipales con montos “significativamente superiores” a lo habitual, lo que encendió las alarmas.
Pese a que los sospechosos intentaron eliminar y modificar los registros contables, las pistas de auditoría del sistema (logs) dejaron evidencia técnica del fraude. Una auditoría interna posterior confirmó que los documentos presentados para justificar los pagos no coincidían en montos ni numeración con los registros originales.