Esta causa involucra al expresidente del Instituto de Previsión Social Vicente Bataglia. El proceso judicial se inició en septiembre del 2023 con la denuncia de la Contraloría. La Fiscalía pidió la desestimación y un juez la aprobó, el IPS apeló y ganó el recurso.
La investigación sobre el supuesto desfalco en el Instituto de Previsión Social no concluyó, fue incompleta y, por lo tanto, debe continuar, sostiene el Tribunal de Apelación que revocó la desestimación de la denuncia al respecto, resuelta por el juez Humberto Otazú, a pedido de la Fiscalía.
Lo que ocurrió fue que no se completó la investigación y no puede aparecer un hecho nuevo de la nada. El Ministerio Público debe investigar. La causa investiga un presunto perjuicio de G 1,6 billones a la previsional. La denuncia había hecho la Contraloría General de la República por el supuesto perjuicio a la previsional en los años 2022 y parte del 2023.
La apelación fue presentada por el abogado José González, apoderado y asesor jurídico del IPS. El Tribunal integrado por los magistrados Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla revocaron la resolución del juez Otazú, de fecha 18 de agosto del 2025.
Otazú se apoyó en el dictamen de la Fiscalía, respaldada por la fiscala adjunta, Soledad Machuca, cuando el juez le pidió que ratifique el dictamen de su inferior. La Fiscalía pidió la desestimación de la denuncia basada en un dictamen de un perito, según el tribunal. Y no es el perito el que debe decidir el tipo legal a aplicarse sino los jueces, según el voto de la camarista Claudia Criscioni.
Criscioni indicó que la Fiscalía tuvo en cuenta el análisis de la Contraloría más un dictamen de un perito, sin más medios de prueba y más investigaciones que la Fiscalía puede hacer según su competencia. Los fiscales pudieron haberse constituido en el lugar para recolectar documentos, pedir informes, y las auditorías interna y externa no se hicieron, fundamentó el tribunal.
La decisión del Tribunal de Apelación fue por mayoría. Silvana Luraghi se adhirió al voto de Claudia Criscioni. Votó en contra el camarista Gustavo Amarilla. La mayoría, que se impuso, sostuvo que el perito no decide en un juicio y no resuelve si los presupuestos del tipo legal se da o no. “Estos son elementos normativos que deben ser establecidos por el aplicador del derecho en consideración a las teorías del patrimonio”, dicen las magistradas.
Agregan que “la Fiscalía no hace referencia a ellas, a ninguna de ellas, pero justamente, tratándose del patrimonio del IPS, debería ser tenida en cuenta la teoría personal económica del patrimonio que jamás fue considerada, ni mucho menos explicada. Por lo que corresponde revocar la resolución y remitir al Ministerio Público para que agote la investigación”, ordenaron.
El voto en contra del magistrado Gustavo Amarilla es lo más simple: la Fiscalía pidió desestimación. Una fiscala superior ratificó el pedido. Dijo que el juez Otazú hizo lo que la ley le autoriza: cuando un fiscal desestima una denuncia, envía de vuelta el expediente a su superior para que ratifique o modifique. Lo ratificó. Eso es legal, explicó Amarilla.
Sin embargo, la magistrada Silvana Luraghi, que votó con Criscioni, resaltó también la inconclusa investigación de la Fiscalía. Y recoge los fundamentos de la institución apelante para que el juicio vuelva al inicio.
“Lo que reclama la víctima es una debida investigación a la altura de los hechos denunciados por una institución pública cuya función esencial es el servicio de salud dirigida a asegurados que son miles de trabajadores del ámbito público y privado en el Paraguay, con base en un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023", mencionó la magistrada Luraghi.
“En el caso en particular, no solamente se observa una violación de deber de investigación eficiente, sino una transgresión al respeto y derecho de participación de la víctima en el proceso”, señaló.
Vicente Bataglia fue presidente del IPS desde marzo del 2021 hasta agosto del 2023. Asumió el cargo mediante el Decreto N° 4.975 firmado por el presidente Mario Abdo Benítez, en reemplazo de Andrés Gubetich.
Por su parte, el abogado José González, asesor jurídico del IPS, explicó que varias investigaciones quedaron pendientes: hay una auditoría interna que no concluyó todavía, pero sí la auditoría externa. Los datos de esta auditoría podrían haber sido relevantes para el dictamen de la Fiscalía, indicó.
También señaló que hay presunción de producción de documentos no auténticos, respecto al ejercicio 2022 y parte del 2023. Posiblemente hubo reprogramación presupuestaria con documentos falsos. Todo eso habría que investigar, pero no se hizo. Los fiscales nos hubieran pedido documentos, se hubiesen constituido en el IPS, pero no lo hicieron, señaló.
