Un allanamiento encabezado por la Fiscalía permitió incautar documentos clave en una causa que investiga una presunta estafa que habría afectado a más de 300 familias en la ciudad de Ypané. El caso salpica a supuestas gestiones ante el MUVH y al uso del nombre de una cooperativa que niega cualquier vínculo con las operaciones denunciadas.
El procedimiento se llevó a cabo el viernes 30 de enero del 2026, alrededor de las 11:40, sobre las calles Obispo Marcos Maíz casi Capitán Bernardino Caballero Álvarez, en el barrio San Vicente de Asunción. La diligencia fue encabezada por el agente fiscal Silvio Alegre Santacruz, a raíz de una denuncia que sacudió a cientos de familias de la ciudad de Ypané y que derivó en el allanamiento, por un hecho de presunta estafa y otros hechos punibles, cuyo perjuicio económico sería millonario y los afectados superarían las 300 familias.
Al llegar al recinto allanado, los intervinientes fueron recibidos por una mujer identificada como Leticia Lorena Lezcano Orué, paraguaya, divorciada, de 42 años de edad, a quien se le informó detalladamente el motivo del procedimiento y la mujer autorizó el ingreso al inmueble.
Durante el allanamiento, funcionarias del Ministerio Público y agentes policiales procedieron a una minuciosa inspección del lugar, logrando la incautación de numerosos documentos y papeles que guardarían relación directa con el hecho investigado. Todo el material fue debidamente lacrado por disposición fiscal y trasladado hasta la sede del Ministerio Público para su guarda y custodia, quedando a cargo de la unidad penal interviniente.
Paralelamente, los investigadores reconstruyeron los antecedentes del caso y en este sentido, explicaron que la denuncia fue presentada por la comisión vecinal Óga Porã Rekávo, de la ciudad de Ypané, cuyos integrantes afirmaron haber sido engañados por un grupo de personas que ofrecía supuestas gestiones ante el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para acceder a viviendas sociales.
Según los denunciantes, para ingresar al supuesto proyecto habitacional se exigía a las familias asociarse a la cooperativa Yvyrusu Limitada y realizar el pago de aportes económicos; sin embargo, con el paso del tiempo, las viviendas nunca se materializaron y las respuestas se diluyeron.
Uno de los puntos clave de la investigación es que las autoridades de la cooperativa Yvyrusu Limitada, desconocen completamente las operaciones realizadas en su nombre, negando cualquier vínculo con las gestiones denunciadas. Además, el proyecto habitacional nunca fue ejecutado ni figura dentro de los programas oficiales vigentes.
El procedimiento concluyó con la toma de fotografías, la elaboración del acta correspondiente y la remisión de todas las evidencias al Ministerio Público. La Fiscalía continúa con las diligencias para determinar responsabilidades, identificar a todos los involucrados y esclarecer el destino del dinero, en un caso que dejó a cientos de familias sin respuestas y con el sueño de la casa propia destruida.