El extitular de la comuna de Santaní, Medhe José Safuán, fue hallado culpable por lesión de confianza, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.285.000.000 por pagos de obras inconclusas e inexistentes.
El Tribunal de Sentencia de San Pedro, integrado por Romina Onieva, Mercedes Urunaga y Walter Ramírez condenó al exintendente de San Estanislao, departamento de San Pedro, Medhe José Safuán Jara a tres años de cárcel por lesión de confianza, tras ser hallado culpable de autorizar pagos millonarios por obras inexistentes o inconclusas, realizados mediante el uso indebido de fondos provenientes del programa Fonacide y de royalties, recursos que tenían como destino legal la infraestructura educativa, obras comunitarias y programas sociales esenciales, durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.285.000.000.
El Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Estanislao resaltó que la conducta del exintendente lesionó gravemente la confianza pública. Gracias a la intervención del Ministerio Público se logró demostrar la responsabilidad penal objetiva y subjetiva del acusado, asegurando que se haga justicia y que los actos de corrupción en la gestión municipal no queden impunes.
Entre las irregularidades constatadas durante el juicio oral y público, el Ministerio Público destacó el pago por empedrados y entubamientos que no fueron ejecutados, aulas que quedaron inconclusas o nunca se construyeron y, lo más preocupante, la afectación directa a los almuerzos escolares. La falta de rendición de cuentas y la deficiente administración de los recursos generaron atrasos y dificultades en la provisión de alimentación a niños de diversas escuelas del distrito.
La fiscal Elena Fiore llevó adelante una investigación exhaustiva, basada en verificaciones in situ, informes de la Contraloría General de la República, actas notariales, análisis documentales y declaraciones de funcionarios, frentistas y directores escolares. Estas diligencias permitieron comprobar que, pese a figurar administrativamente como terminadas y pagadas, las obras no existían físicamente o se encontraban abandonadas, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 1.285.000.000.
Asimismo, el Ministerio Público evidenció que el exintendente actuó con dolo y de manera reiterada, aprovechando su cargo para disponer de fondos públicos sin cumplir con los requisitos legales, como la autorización del Ministerio de Educación, indispensable para la ejecución de obras financiadas con recursos del Fonacide. También se documentó la realización de pagos mediante cheques de gerencia a empresas contratistas vinculadas a la administración, sin respaldo técnico ni contratos válidos.
La Fiscalía destacó además la dimensión social del hecho, ya que cada aula inexistente afectó directamente el derecho a la educación de niños y niñas, mientras que cada empedrado o entubamiento no ejecutado impactó negativamente en la calidad de vida y la seguridad de la comunidad.
Igualmente, quedó demostrado que los problemas relacionados con los almuerzos escolares se derivaron de la mala administración de los recursos, dejando a varias escuelas sin provisión alimentaria y generando reclamos constantes de padres y directores.