La defensa de Ignacio Luis Ortigoza Samudio había solicitado la eximición de la medida cautelar debido a que el proceso se realiza por un hecho punible de estafa con un marco penal de hasta 5 años, y una mínima de 6 meses y Ignacio Luis Ortigoza Samudio, se encuentra privado de libertad desde el día 4 de julio del 2025, motivo por el cual la medida cautelar impuesta ha superado ampliamente los límites establecidos.
“La privación de libertad del procesado fue dispuesta el 4 de julio del 2025 (A.I. N° 1087) por el Juzgado Penal de Garantías N° 1 de la capital, y se halla vigente, con lo que, a la fecha, ha sobrepasado el plazo de seis meses. Así, la prisión preventiva decidida contra Ignacio Luis Ortigoza Samudio se ha tornado ilegal, y corresponde su revocación en el marco de este proceso, por haber sobrepasado el límite temporal dispuesto para ella en la norma constitucional”, sostiene la resolución apelativa.
El extitular del Indert seguirá en la cárcel, ya que el 22 de diciembre del año pasado fue condenado a tres años y medio de pena privativa de libertad por producción de documentos no auténticos, según decisión del Tribunal de Sentencia integrado por Christian González, Darío Báez y Natalia Cacavelos.
Ortigoza cuenta con otras cuatro causas por delitos de lesión de confianza estando al frente de una de las secretarías de Estado.
El 9 de septiembre del 2025, la jueza Penal de Garantías, Clara Ruiz Díaz elevó la causa de Ignacio Luis Ortigoza sobre supuesta estafa en una tentativa de venta del aeropuerto de Capitán Bado, a juicio oral y público.
Es el segundo juicio oral para Ortigoza, luego de su recaptura, tras estar prófugo desde el 2019. El extitular del Indert estuvo prófugo por más de seis años, hasta que fue capturado en julio del año pasado, tras una serie de allanamientos en el barrio Lote Guazú de San Lorenzo, que buscaba desbaratar una red de microtráfico y otros delitos.
Luis Ortigoza cuenta con otra causa por lesión de confianza, en la que se investiga la supuesta venta irregular de 52.000 hectáreas en la localidad de Mayor Pablo Lagerenza, Bahía Negra (Alto Paraguay), proceso que está a la espera del juicio oral y público que será en febrero de este año.