Ocurrió que una jueza interina el cargo y ella encontró que tal cantidad de expedientes aparecieron y que no estaban registrados en el sistema administrativo del juzgado.
Ante dicha situación, el ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de la circunscripción judicial de Central, dispuso la intervención de auditores, la realización de un inventario y la adopción de medidas de resguardo documental sobre los 38 expedientes judiciales hallados que no se encontraban en el recinto del juzgado, como parte de los procedimientos administrativos de control en curso.
El doctor Jiménez Rolón informó que las medidas fueron dispuestas a partir de una verificación interna realizada por la magistrada Lidia Fariña, jueza de Paz de Julián Augusto Saldívar e interina del juzgado de Paz de Lambaré, en el marco de sus funciones. Durante la verificación se constató la existencia de expedientes judiciales que anteriormente no se encontraban en trámite ni registrados en los sistemas administrativos del juzgado.
Ante esta situación, y en ejercicio de las atribuciones de superintendencia, el ministro ordenó de manera inmediata que la documentación hallada sea puesta bajo estricta custodia, a fin de garantizar su adecuada preservación, integridad y seguridad, informó la Corte, ayer por la tarde.
Jiménez Rolón ordenó una auditoría urgente, el inventario de los documentos hallados y el refuerzo de la seguridad policial en la sede judicial. Los expedientes no se encontraban en el recinto del juzgado ni figuraban en el sistema administrativo.
El ministro también ordenó el cambio de cerraduras de la sede y el refuerzo de la guardia policial en el juzgado de Paz de la ciudad de Lambaré, como medidas preventivas de resguardo institucional.
De igual modo, ordenó la intervención de auditores de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional del Poder Judicial, quienes se constituirán en la sede judicial para recabar la información pertinente, efectuar el inventario correspondiente, verificar la situación de los expedientes y elevar un informe técnico sobre el estado de la documentación.
La implementación de las medidas dispuestas queda a cargo del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, órgano que deberá elevar informes periódicos al Ministro Superintendente.
En la sesión ordinaria del 4 de junio, la Corte Suprema de Justicia aprobó la renuncia de José Velázquez Alfonso, juez de Paz de Lambaré, quien alegó motivos de salud para apartarse del cargo, según la nota que presentó ante la máxima instancia judicial. El citado magistrado ya estaba suspendido desde abril del 2025 por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.


