El Ministerio Público pidió la prisión preventiva de los exfuncionarios del ente, y la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el tercer imputado, un funcionario del ente.
En esta investigación, las representantes del Ministerio Público presentaron imputaciones contra los exfuncionarios del organismo en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, instigación de alteración de datos, producción de documento no auténtico y alteración de datos.
La imputación remarca que los sindicados, con los cargos ocupados y que a ellos le permitían el acceso tanto en el sistema informático administrativo y contable interno de Copaco SA, conocido como Sistema Administrativo y Financiero (SAF), así como a las cuentas corrientes del ente en los diversos bancos de plaza, los mismos habrían simulado pago a proveedores, autorizados por la comisión directiva del ente, mediante transferencias por el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap); sin embargo, parte de dichos fondos, en este período de tiempo habría sido destinado a las cuentas personales de ambos funcionarios.
Uno de los imputados, en su carácter de gerente administrativo financiero de Copaco SA, en este caso Óscar Cañete, así como el segundo imputado Roque Valdez, en su carácter de jefe del Departamento de Tesorería de la misma compañía, habrían accedido a los sistemas y cuentas bancarias de la institución, implementado un mecanismo orientado a simular egresos por parte del ente, a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales para, en realidad, disponer y redirigir los fondos a cuentas particulares de ellos mismos así como de terceros.
La maniobra comenzó a desmoronarse en enero del 2026. Una revisión de rutina detectó facturas municipales con montos “significativamente superiores” a lo habitual, lo que encendió las alarmas.
Pese a que los sospechosos intentaron eliminar y modificar los registros contables, las pistas de auditoría del sistema (logs) dejaron evidencia técnica del fraude. Una auditoría interna posterior confirmó que los documentos presentados para justificar los pagos no coincidían en montos ni numeración con los registros originales.