La vulnerabilidad de la niñez en Paraguay ha quedado expuesta en cifras brutas y dolorosas. Según el cierre del consolidado 2025 de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, un total de 21.831 menores de 18 años fueron víctimas de hechos punibles a nivel nacional. Esta cifra se traduce en una realidad desgarradora: 60 víctimas por día.
El abuso sexual: un flagelo que no da tregua
Dentro del universo de delitos, el Abuso Sexual en Niños destaca como una de las problemáticas más persistentes. Durante el 2025, la Fiscalía atendió a 3.386 víctimas, lo que equivale a 9 casos diarios.
El análisis temporal muestra una preocupante estabilidad en la incidencia delictiva, con picos en enero 316, julio 302 y una meseta de más de 300 casos mensuales entre agosto y octubre. El desglose demográfico y circunstancial revela datos aún más alarmantes:
- El entorno cercano es el peligro: En el 87% de los casos , el agresor fue un familiar o un conocido de la víctima.
- Edad y género: El 74% de las víctimas tenían menos de 14 años y el 71% pertenece al sexo femenino.
Geografía de la violencia
El departamento Central encabeza la lista con la mayor concentración de denuncias por abuso sexual (1.233 casos), seguido por Alto Paraná (414), Asunción (309) e Itapúa (249). Aunque en menor escala, incluso los departamentos con poblaciones más reducidas, como Boquerón y Alto Paraguay, registraron ingresos en el sistema judicial.
Desatención y violencia familiar
El informe también pone la lupa sobre otros delitos que atentan contra el desarrollo integral de los menores. Se destacan:
- 7.160 denuncias por Incumplimiento del Deber Legal Alimentario.
- 2.943 víctimas de Violencia Familiar.
- 2.706 casos de Violación del Deber de Cuidado.
- 2.462 investigaciones por Pornografía relativa a niños.
El desenlace más cruel
La estadística cierra con el dato más sombrío, 6 menores perdieron la vida en escenarios de extrema violencia. Entre las víctimas se reportó una niña de apenas 11 años, otra de 12, una adolescente de 15, otra de 16 y dos jóvenes de 17 años.
Estos datos, procesados por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público, plantean un desafío urgente para las políticas públicas de protección y el sistema de justicia en el inicio de este 2026.
