El Ministerio Público ejecutó este miércoles una serie de allanamientos simultáneos en los domicilios particulares de dos altos funcionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco). El operativo se da en el marco de la investigación por un esquema de corrupción que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a los G. 1.119 millones mediante pagos simulados.
El Operativo
Las agentes fiscales Laura Giacummo y Belinda Bobadilla encabezaron los procedimientos en las residencias de Osmar Cañete, quien se desempeñaba como gerente administrativo financiero, y de Roque Valdez, tesorero de la institución estatal.
Durante las intervenciones, la comitiva fiscal logró la incautación de diversas documentaciones que serán sometidas a peritaje. Estos elementos se consideran claves para trazar la ruta del dinero y determinar el grado de responsabilidad de los implicados.
El Modus Operandi
Según la hipótesis del Ministerio Público, ambos funcionarios estarían directamente vinculados a un esquema de desvío de fondos públicos. La maniobra consistía en registrar contablemente supuestos pagos institucionales a favor de la Municipalidad de Asunción.
Sin embargo, las investigaciones preliminares apuntan a que el destino final de estos fondos no eran las arcas municipales, sino que se desviaban mediante transferencias a cuentas personales de los dos funcionarios investigados y de una tercera persona aún no identificada públicamente.
Origen de la investigación
El caso salió a la luz tras la detección de un registro contable irregular fechado el pasado 2 de enero. Este hallazgo disparó una auditoría interna preliminar en la telefónica estatal, la cual reveló que el esquema no fue un hecho aislado.
Los datos indican que el desangre financiero se habría sostenido en el tiempo mediante transferencias mensuales que oscilaban entre los G. 30 millones y G. 40 millones, acumulando así la millonaria suma denunciada.
Cabe destacar que, días atrás, la Fiscalía ya se había constituido en la sede central de Copaco para realizar una verificación in situ y recolectar los primeros documentos vinculados a este presunto hecho punible.