Ante publicaciones y denuncias de que los jueces de Paz necesitan una reglamentación para aplicar la ley Ley N° 7.614/25, que dispone el levantamiento de embargos en los juicios ejecutivos, los ministros del máximo tribunal del país se reunieron para aclarar los puntos al respecto.
La Ley N° 7.614 fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 30 de diciembre del 2025, por lo que se encuentra plenamente vigente desde el día 31 de diciembre del 2025, sin necesidad de ninguna instrucción, reglamentación, protocolo o actuación administrativa de parte de la Corte Suprema de Justicia, ni de ninguna otra autoridad, dice un documento divulgado ayer por la institución.
Esta información salió ayer porque continuaron las denuncias de las víctimas de la mafia de los pagarés. Denunciaron que los jueces no están aplicando dicha ley y que supuestamente los magistrados necesitan un protocolo previamente. Sin embargo, la Corte fue categórica al señalar que los jueces no tienen que esperar ni una reglamentación al respecto.
“La aplicación de la Ley N° 7.614/25 se encuentra a cargo de los juzgados donde obren los procesos, cuyos expedientes, eventualmente estén extraviados o no se encuentren físicamente en la Secretaría de los mismos”, dice la Corte. Agrega que por lo tanto, “dichos juzgados deben proceder a la aplicación inmediata de la Ley 7614/25, una vez que se constate el extravío o la ausencia de los expedientes, mediante el informe que los Actuarios de dichos Juzgados eleven, según lo dispone el Art. 5 de la Ley N° 7.614/25”.
En consecuencia, la Corte instó “a los jueces que estén a cargo de dichos procesos extraviados o que no se encuentren en las secretarías de los juzgados a dar cumplimiento estricto e inmediato a la normativa de la Ley N° 7.614/25 y a proceder al levantamiento de los embargos y demás medidas cautelares decretadas”.
Recordó que la ley establece que dicha aplicación debe realizarse “una vez que, de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 de la Ley N° 7.614/25, se constate que el expediente esté extraviado o no se encontrare en la respectiva secretaría del Juzgado, mediante informe del respectivo actuario, debiendo realizarse todo ello dentro de los plazos que indica dicha ley”.
Por último, la Corte instó “a las personas afectadas por embargos o medidas cautelares que obren en los expedientes extraviados o que no radiquen en las respectivas secretarías y que no hayan sido levantados de conformidad a la Ley N° 7.614/25, que denuncien dichas omisiones al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, a fin de abrir las correspondientes investigaciones para que, en caso de constatarse falta de cumplimiento de la ley, se apliquen las sanciones correspondientes a los eventuales responsables, sin perjuicio de la derivación de la cuestión a otras instancias, según la gravedad de cada caso”.
La sesión extraordinaria de la Corte estuvo presidida por la ministra Carolina Llanes. Asistieron los ministros César Garay, Luis María Benítez Riera, Gustavo Santander, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón.
Suspensión de la matrícula
La Corte también ayer ordenó un sumario y suspendió la matrícula a la abogada Zully Ortiz, denunciada por el caso de la mafia de los pagarés. Ella fue detenida el miércoles último luego de un allanamiento en su domicilio, donde se encontró 74 pagarés sin fecha, pero con montos y firmas de personas de una persona física.
La fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos, informó que en el allanamiento se incautaron pendrives, celulares, memorias externas y muchos pagarés preparados.
Eran 74 pagarés sin fecha
“Eran 74 pagarés por el mismo monto a nombre de una persona física, todas firmadas de puño y letra de la misma, pero sin fecha, sin nada, como para ejecutar en cualquier momento y durante el tiempo que fuera”, dijo la fiscala. Calculó que habrían pagarés por 200 millones de guaraníes para cobrar, en total, en una sola carpeta.
La abogada Zully Ortiz ya está imputada por los casos de la mafia de los pagarés y ayer la fiscala Ruth Benítez la imputó también por coacción y amenaza de hechos punibles.
Por otra parte, el juez penal de Garantías José Agustín Delmás decretó la prisión preventiva de la abogada Zully Ortiz y de Evelin Paredes que es pareja del mecánico procesado también en la misma causa por amenaza a un periodista que publicó las denuncias sobre el tema en cuestión.
"Al momento del allanamiento no hubo cooperación de las imputadas, por tanto puede haber obstrucción posterior a la investigación, también ante el concurso real de hechos punibles", dijo el juez al ordenar la prisión.
El ministro de la Corte Gustavo Santander secundó ayer la propuesta del ministro César Garay de suspender la matrícula de la abogada Zully Ortiz y propuso a sus colegas tomar también medidas similares contra otros abogados, pero el pleno ordenó que primero se traigan los informes al respecto.