La defensa de Cynthia Ojeda Burgos, condenada a 12 años de prisión, pidió a un Tribunal de Sentencia que otorgue a la misma el arresto domiciliario. Argumentó estado delicado de salud, presentó informe médico y ofreció caución real por valor de 120 millones de guaraníes como garantía de sometimiento a la justicia. El pedido fue rechazado.
La audiencia de revisión de la prisión se realizó ayer ante el Tribunal de Sentencia de primera instancia presidido por Juan Vicente Fretes e integrado por Fabián Weisensee y Juan Pablo Mendoza. Como representante del Ministerio Público, asistió la fiscala interina, María Bernarda Álvarez.
Cynthia Ojeda Burgos está condenada por el asesinato de Robert Fabián Marín, hecho por el cual también fue condenado Gregorio “Papo” Morales a 32 años de cárcel. La defensa presentó informe médico que indica que ella fue violada en la cárcel de Buen Pastor y una denuncia que el autor del hecho fue un guardia penitenciario.
La defensa también pidió que se le imponga la tobillera electrónica, en el arresto domiciliario. Sin embargo, la Fiscalía se opuso y señaló que una condena de 12 años es muy alta y que en ese caso hay peligro de fuga. En todo caso, la enfermedad se puede tratar en la misma Penitenciaría por orden del tribunal, según la representante del Ministerio Público.
La defensa insistió que la condenada quedó embarazada luego de la violación que sufrió en la cárcel y perdió el bebé. Presentó un informe del médico forense René Morínigo que dictaminó que la condenada padece de trastorno psiquiátrico.
El Tribunal, luego de analizar las presentaciones de la defensa y la contestación de la Fiscalía, resolvió no hacer lugar a la pretensión de la condenada. Por la gravedad del caso por el cual la condenada está en prisión y porque el peligro de fuga no se reduce con medidas menos gravosas, como el arresto domiciliario y la tobillera electrónica, el Tribunal rechazó el pedido de la defensa.
“En relación a la enfermedad que padece la la señora Cynthia Burgos, en caso de que requiera un tratamiento o asistencia médica, nada más debe solicitar a la autoridad penitenciaria o en su caso al Tribunal de sentencia y nosotros vamos a arbitrar los medios necesarios a lo que puede garantizar su derecho a la salud”, dijo el juez Juan Vicente Fretes, al concluir la audiencia.