Según el último informe divulgado por el Departamento de Informaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la gran mayoría de las personas que se encuentran dentro del Registro de Agresores Sexuales (RAS), son de sexo masculino, contabilizándose 1.255 hombres y 26 mujeres. Estas cifras reflejan a individuos que cuentan con sentencias ejecutoriadas, lo que los inhabilita para trabajar en contacto directo con menores de edad.
El reporte también indica que el alto nivel de consultas realizadas a la base de datos durante el último año, refiere que entre enero y diciembre, se emitieron un total de 127.230 informes, lo que evidencia el uso activo de esta herramienta por parte de instituciones y la ciudadanía para verificar antecedentes.
El RAS funciona como una base de datos permanente cuyo objetivo principal es reforzar los mecanismos de protección integral de la niñez. Su finalidad es prevenir que personas condenadas por abuso sexual o tentativa de abuso tengan contacto, directo o indirecto, con menores en espacios educativos, recreativos o de salud.
La plataforma fue desarrollada por la (CSJ) en cumplimiento de la Ley N.º 6572/2020. El sistema permite la gestión del documento de manera 100% digital, gratuita y sin necesidad de crear usuarios ni contraseñas.
¿Quiénes deben solicitar el certificado?
El documento es un requisito esencial para cualquier persona o entidad que trabaje con niños y adolescentes. La normativa habilita y exige su solicitud a:
- Instituciones educativas (escuelas y colegios).
- Entidades religiosas, deportivas y artísticas.
- Hospitales y centros de salud.
- Agentes penitenciarios y funcionarios públicos (incluyendo municipales y del sistema de justicia).
- Familias acogedoras o postulantes a adopción.
El trámite se realiza a través de la página web oficial del Poder Judicial. El interesado debe ingresar su número de Cédula de Identidad y el código IC (ubicado al dorso del documento).
Es importante señalar que el sistema emite el certificado descargable en formato PDF únicamente para aquellas personas que no figuran en el registro de agresores, garantizando así su validez para los controles institucionales de seguridad.