La denuncia por el millonario hurto de USD 60.000 aproximadamente fue presentada el 10 de mayo del 2025, cuando Moras y Arámbulo aún estaban en pareja. Inicialmente, el fiscal Eugenio Ocampos tomó el caso, pero luego de varias recusaciones, finalmente la causa se encuentra a cargo del fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz de Lambaré, quien habría pedido una prórroga de seis meses más para presentar el requerimiento conclusivo contra la mujer.
Antonella Arámbulo Garibaldi viajó a Italia apenas 24 horas después de que la jueza penal de Lambaré, Ana María Coronel, la declarara rebelde y dictara una orden de captura para encarar la denuncia de hurto agravado que pesaba en su contra.
Tras volver de Europa, Arámbulo impulsó una denuncia por desacato contra Moras luego de que, en su canal de YouTube, el periodista leyera notas periodísticas sobre la orden de captura dictada en su contra y su salida irregular del país. Esa causa se encuentra a cargo del fiscal Silvio Alegre.
Actualmente, al periodista argentino lo asiste profesionalmente el abogado Joel Gómez Mendieta, quien manifestó que en la causa de hurto agravado se verificó una utilización manifiestamente improcedente de la Ley 1.600, empleada como estrategia procesal para impedir la intervención profesional de la abogada Noelia Quintana Shaffer en la audiencia preliminar prevista para el 27 de diciembre pasado.
“La concesión de medidas en ese contexto constituye abuso del derecho y mala fe procesal, vulnerando el principio de legalidad, el derecho de defensa y el normal desarrollo del proceso penal”, sostuvo Mendieta.
Gómez manifiesta que es una injusticia la mordaza que recibe su cliente por parte de la justicia paraguaya. Moras mencionó que hace 12 años está en Paraguay y que se radicó en el país por un gusto especial, inclusive a menudo trae inversionistas.
Tres profesionales extranjeros, incluyendo Bula, Guadalupe Correa Cabrera y Rubén Luengas, advirtieron un presunto favoritismo sistemático hacia la imputada y un uso abusivo de la Ley 1.600 como mecanismo de censura contra la libertad de expresión y el ejercicio profesional de la defensa.
