La máxima instancia judicial consideró que el recurso presentado por la defensa no cumplía con los requisitos formales exigidos para el estudio de fondo.
Según la condena dictada por el Tribunal de Sentencia, integrado por Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, el 5 de diciembre del 2022, a las 22:30, Arnaldo Ramos, administrador de la firma AMP SA Club Condesa, se presentó en sede la Comisaría 3ª Metropolitana de Asunción a fin de realizar una denuncia por el supuesto hecho de hurto en contra de Johana Rivero Saavedra (víctima), quien aparentemente fue empleada de la citada empresa. La denuncia fue recibida por la oficial Evelyng Jazmín Núñez González.
Al día siguiente, el suboficial Cemión Arce Mendoza, junto a otro policía, habrían acudido hasta el referido local comercial. Johana Rivero, al salir del mencionado comercio, fue interceptada por una patrullera, que estaba conducida por el suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza, acompañado por la oficial ayudante Evelyng Núñez.
La uniformada Núñez habría descendido del móvil para solicitar a Rivero Saavedra su documento de identidad, pero la mujer no lo tenía consigo, por lo que llamó a su subalterno Cemión Arce. Este exigió a la mujer que subiera a la patrullera y donde posteriormente la tuvieron retenida durante una hora, aproximadamente.
Ante la advertencia de la víctima que denunciaría a los uniformados por la privación de libertad, ellos llevaron a Rivero hasta la Comisaría 3ª, donde labraron un acta policial.
Supuestamente, ambos agentes de la Policía Nacional habrían privado a Rivero Saavedra de su teléfono celular en el interior del móvil, iniciando un recorrido irregular, en el que Arce le solicitó la entrega de G. 3.000.000 para liberarla.
Posteriormente, la mujer pidió su teléfono para comunicarse con sus familiares con el fin de pedir el dinero. Ya contando con la presencia de los hermanos de la víctima, estos pudieron filmar a ambos policías.
Finalmente, la mujer víctima habría acudido nuevamente a su anterior trabajo a recibir su liquidación. El administrador le habría indicado que acepte G. 750.000 a cambio de retirar una supuesta denuncia presentada en su contra por hurto. Rivero Saavedra exigió ver la denuncia y constató que fue recibida el 5 de diciembre del 2022, por la misma oficial Evelyng Núñez