El Congreso investiga un fideicomiso entre el IPS y el banco Atlas por sospechas de perjuicio patrimonial de 900.000 millones de guaraníes. El Senado exige informes sobre el destino de los fondos, destinados a salud, y el supuesto impago de intereses.
El Congreso Nacional puso bajo la lupa un fideicomiso millonario firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas. El acuerdo, que debía servir para financiar obras de infraestructura en salud, hoy es objeto de pedidos de informes formales, denuncias ante organismos de control y sospechas de grave perjuicio para los fondos de los asegurados.
El punto de partida es la Resolución Nº 1611 de la Cámara de Senadores. A través de este instrumento, el Senado solicita al Consejo de Administración del IPS un informe detallado sobre el fideicomiso constituido con el banco Atlas. El pedido se apoya en el artículo 192 de la Constitución Nacional y en la ley que regula el mecanismo de pedido de informes, lo que significa que la respuesta es obligatoria y debe entregarse en un plazo determinado.
En términos simples, un fideicomiso es un contrato por el cual una institución pública —en este caso el IPS— entrega una suma de dinero a un banco —Atlas— para que lo administre con un fin específico. Según se expone en la documentación parlamentaria, esos recursos estaban destinados a proyectos clave de infraestructura sanitaria: obras hospitalarias y mejoras para el sistema de salud de los aportantes.
El problema, siempre de acuerdo con los documentos remitidos al Congreso, es que existen fuertes indicios de que esos recursos no se utilizaron como estaba previsto. En una nota de respaldo a la Resolución 1611, la Presidencia del Congreso menciona que casi 900 mil millones de guaraníes habrían sido mal utilizados. Se habla de fondos destinados a otras finalidades, de intereses que dejaron de pagarse al IPS y de un posible daño patrimonial significativo para la previsional.
Por eso, el Senado quiere que el propio IPS explique qué pasó con ese dinero. La resolución pregunta, entre otros puntos, cuál es el estado actual del fideicomiso, qué acciones se tomaron ante el incumplimiento del pago de intereses por parte del banco fiduciario y si se inició algún tipo de reclamo administrativo, civil o penal. También se pide copia de las auditorías realizadas y detalle del destino de los recursos.
Otro aspecto clave es el rol de los directivos involucrados. En la nota política que acompaña los pedidos de informe se recuerda que existen investigaciones penales abiertas contra autoridades del banco Atlas en otras causas de presunto lavado de dinero. A partir de ese contexto, el Congreso plantea la necesidad de determinar si en el caso del fideicomiso con el IPS hubo también conductas que puedan encuadrarse como hechos punibles, tanto de parte de funcionarios públicos como de directivos privados.
La preocupación no es solo jurídica, sino también institucional. El IPS administra los aportes de cientos de miles de trabajadores y jubilados. Cuando un fideicomiso de gran magnitud deja de generar los intereses pactados o se desvía de su objeto, el riesgo recae sobre los recursos que garantizan jubilaciones, pensiones y servicios de salud. Por eso el Senado insiste en conocer con precisión el impacto real de estas operaciones en las finanzas de la previsional.
La resolución va más allá del simple pedido de datos contables. El Senado consulta expresamente si el IPS ha evaluado la posibilidad de remover al banco Atlas como fiduciario, tal como prevé la figura del fideicomiso cuando se detectan incumplimientos graves. También quiere saber si se dio aviso al Banco Central del Paraguay, que es la autoridad encargada de supervisar a las entidades financieras.
En paralelo, la documentación señala que el IPS ya habría presentado denuncias ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. El objetivo es que se investigue si la administración del fideicomiso generó un perjuicio concreto al patrimonio del instituto. El Congreso, con sus pedidos de informe, busca ahora complementar esa tarea reuniendo la mayor cantidad posible de antecedentes oficiales.
En resumen, lo que está en juego en este caso no es solo un contrato entre una entidad previsional y un banco, sino el uso de dinero público aportado por trabajadores y empleadores. El Senado pretende aclarar si el fideicomiso con banco Atlas cumplió o no con el objetivo para el que fue creado, quiénes tomaron las decisiones claves y qué controles fallaron en el camino.
Las respuestas que brinde el IPS al Congreso serán el próximo capítulo de esta historia. De su contenido dependerá no solo la eventual promoción de nuevas acciones legales, sino también la discusión sobre cómo deben estructurarse, en adelante, los fideicomisos que administran fondos de la seguridad social para evitar que episodios como este vuelvan a repetirse.