Las exmagistradas de Pedro Juan Caballero Ana Aguirre y Carmen Silva tendrán tiempo suficiente para preparar su defensa. Pesan en contra de ellas graves acusaciones de la Fiscalía. Supuestamente, favorecían a ciertos imputados a pedido del exdiputado Eulalio Gomes de la capital del Amambay.
El juez Rodrigo Estigarribia citó a las exjuezas de Pedro Juan Caballero Ana Aguirre y Carmen Silva a una audiencia preliminar para el 10 de febrero del 2026. En este acto, las magistradas, ya separadas del cargo, conocerán las medidas cautelares a ser cumplidas dentro del proceso penal.
La Fiscalía ya presentó la imputación contra las citadas exmagistradas, envueltas en un proceso derivado de los chats del teléfono incautado del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, quien falleció en un tiroteo con la Policía en su domicilio de la mencionada ciudad.
Las dos exmagistradas están imputadas por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal y prevaricato por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez Rivas y Luis Piñánez.
Según la Fiscalía, con las desgrabaciones saltaron las sospechas de que las mismas intentaron favorecer a personas procesadas a pedido de “Lalo” Gomes.
Entre marzo y diciembre del 2020 y entre abril del 2021 y febrero del 2022, una de las entonces juezas habría solicitado la intermediación del exdiputado para que, mediante su influencia política, le ayude a acceder al cargo de jueza penal de Garantías, a cambio de beneficiar a procesados en causas bajo su competencia, según la imputación.
Las dos exmagistradas integraron el Tribunal de Sentencia que absolvió de culpa y pena a Waldemar Pereira, alias Cachorrão, procesado por el asesinato del periodista Leo Veras. La Fiscalía le estaba investigando por ser el supuesto autor intelectual del asesinato del periodista Leo Veras.
Luego de la desgrabación de los chats del teléfono de “Lalo” Gómes, la Fiscalía presume que dichas decisiones judiciales habrían sido adoptadas siguiendo directivas del exdiputado fallecido. Justamente por esta razón, la imputación fue por frustración de la persecución y ejecución penal.
Según el acta de imputación, la conducta de las exmagistradas fueron reiterativas y no solo se vincula con el caso Leo Veras. También se habría reiterado en varias causas posteriores, como ser, el 18 de octubre del 2020, el fallecido legislador habría solicitado a una de las juezas que intercediera ante la otra para beneficiar a un primo involucrado en una querella penal autónoma por calumnia y difamación en Pedro Juan Caballero.
Con respecto a Carmen Silva, la Fiscalía tiene la sospecha de que ella filtró información sobre allanamientos durante el operativo Pavo Real, que se refería a una investigación sobre el narcotráfico.
“Entre los meses de marzo a diciembre del 2020 y entre los meses de abril del 2021 a febrero del 2022, la entonces jueza Carmen Silva habría solicitado su intermediación a Eulalio Gomes para que a través de su influencia política la favorezca para acceder al cargo de juez penal de Garantías, a cambio de favorecer a personas procesadas judicialmente en causas en las que esta tenía intervención.
Asimismo, se tiene que la entonces jueza Carmen Silva, en causas donde se encontraba entendiendo, como parte del favor ya comprometido a cambio de la intermediación de Eulalio Gomes para su designación como jueza de Garantías, habría resuelto en contra del derecho, favoreciendo a los procesados Anderson Ríos Villalba y Waldemar Pereira “Cachorrao”, por pedido de Eulalio Gomes, dice la imputación.
En cuanto a la exmagistrada Ana Aguirre, la imputación señala que la entonces “jueza de sentencia, en varias ocasiones, conversó con Eulalio Gomes, por indicación de su colega Carmen Silva, donde supuestamente le solicitó intermediación ante el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados, a cambio de tomar decisiones en causas penales que la misma se encontraba entendiendo, que eran del interés del exdiputado Eulalio Gomes.
La Fiscalía criticó el hecho de que un caso complejo de crimen organizado no juzgue un tribunal especializado en la materia. El Tribunal de Sentencia, que integraron las juezas Mirna Soto, Carmen Silva Bóveda y Ana Aguirre, dictó el fallo a favor de “Cachorrao”.
El fiscal Andrés Arriola dijo que una de las pruebas que demostró que el acusado es parte del crimen organizado es el teléfono incautado. Sin embargo, las juezas excluyeron esta prueba.