El juez Humberto Otazú advirtió a la magistrada renunciante de Lambaré, Isabel Bracho, que podrá ordenar la ejecución de la fianza que presentó si no cumple las medidas impartidas por el Juzgado para someterse a la justicia.
En un juicio por supuesto cohecho pasivo agravado (coima), el juez penal de Garantías, Humberto Otazú, advirtió a la jueza renunciante de Lambaré, Isabel Bracho, que ella sigue vinculada al proceso penal a pesar de haber dejado el cargo y a pesar de que la Corte aceptó su renuncia.
Es más, el magistrado aclaró a la exjueza que la fianza que podrá ordenar la ejecución de la fianza que presentó si no cumple con las medidas impuestas por el Juzgado para el seguimiento del proceso.
La jueza Bracho renunció al cargo cuando estaba a punto del final de su enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones. El juez Otazú le abrió un proceso penal por cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La Fiscalía le acusó de haber recibido supuestamente coima del presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez. Según el Ministerio Público, Bracho habría cobrado 50.000 dólares para revocar la prisión y otorgar el arresto domiciliario a Galindo que está procesado en el caso conocido como Mercat.
Galindo de hecho fue desvinculado del caso luego de que se hizo el cambio de paquetes de supuesta cocaína por bicarbonato de sodio, según la Fiscalía. De esta forma sería que la exjueza de Lambaré habría favorecido al narco procesado.
La magistrada presentó una fianza real hasta cubrir 150 millones de guaraníes para someterse al proceso en libertad. El juez Otazú admitió la fianza que presentó, pero con la condición de que cumplan las medidas que el Juzgado ya había ordenado.
Esas medidas son la comparecencia ante el Juzgado en forma mensual, la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio y acudir a la citación cuando el juez lo convoque. Si no cumple estas medidas, el juez podrá ordenar la ejecución de la fianza, que su abogado presentó con inmuebles.
La jueza de Garantías de Lambaré quedó oficialmente procesada luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aprobara su desafuero en el marco de una causa por supuesto cohecho y otros hechos punibles.
La imputación fue presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, quien también acusó a la exfiscal Egidia Gómez y a la actuaria Ruth Karina Ferreira por hechos similares. Tras la notificación del desafuero, el juez Humberto Otazú admitió el requerimiento fiscal y abrió el proceso penal contra Bracho.
La Corte Suprema de Justicia abrió un sumario administrativo y dispuso su suspensión con goce de salario básico, tomando como base la imputación por supuestos vínculos con el procesado Walter Galindo.
La acusación presentada por el fiscal Coronel señala que Bracho, Ferreira y Gómez habrían participado en maniobras destinadas a beneficiar al mencionado imputado en el marco del caso Mercat, mediante resoluciones judiciales presuntamente motivadas por el pago de sumas de dinero.
Según el acta fiscal, la jueza habría recibido alrededor de USD 50.000 para revocar la prisión preventiva de Galindo y sustituirla por arresto domiciliario, además de facilitar otras decisiones que permitieron al acusado sortear las investigaciones por narcotráfico.
Las diligencias del Ministerio Público también apuntan a que tanto la magistrada fue parte de un esquema más amplio que, mediante pagos en dólares, habría permitido a Galindo desligarse progresivamente del proceso penal.
Este caso vuelve a poner en debate la situación de control interno dentro del sistema judicial, considerando que la magistrada fue confirmada en su cargo por la Corte Suprema de Justicia en abril del 2024, pese a que ya existía una investigación penal preliminar en su contra.
La jueza Isabel Bracho no es la única procesada en el caso que se vincula con el blanqueo del supuesto narco, Walter José Galindo. También están procesadas la exfiscal Egidia Gómez, hermana del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y la actuaria judicial, Ruth Ferreira.