Se trata del agente del Ministerio Público Rubén Darío Riveros de la Unidad Penal de Alberdi, Ñeembucú, quien habría pedido G. 120.000.000 para favorecer supuestamente a un procesado por abuso sexual en niños.
En su sesión ordinaria de la víspera, el pleno de la Corte Suprema de Justicia suspendió en el ejercicio de sus funciones y sin goce de sueldo al fiscal de la ciudad de Alberdi, Ñeembucú, Rubén Darío Riveros, imputado por cohecho pasivo agravado, a la espera de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en el proceso respectivo.
El 11 de noviembre pasado, los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Verónica Valdez y Luis Piñánez, imputaron a su colega Rubén Darío Riveros, de la Unidad Penal 1 de Alberdi por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (autor) y extorsión (coautor).
Según la investigación del Ministerio Público, la investigación se originó tras una denuncia presentada por la jueza penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, y se enmarca dentro de un caso por presunto tráfico de influencias, en el que también estaría involucrado el abogado defensor, Luis Antonio Méndez.
De acuerdo con el acta de imputación, el abogado Méndez habría solicitado a la víctima diversas sumas de dinero supuestamente destinadas al fiscal a cambio de lograr la libertad de su esposo, procesado por abuso sexual en niños. Inicialmente pidió G. 5.000.000 “para unos papeles”, sin entregar comprobante alguno.
En diciembre del 2024, el fiscal suspendido instó a la víctima a continuar sus gestiones con el abogado, advirtiendo que “el caso era muy grande” y que, de lo contrario, su marido no saldría de prisión. Posteriormente, Méndez le comunicó que el monto total para obtener la libertad sería de G. 120.000.000, a entregarse en dos partes de G. 60.000.000, iniciando con un primer pago para obtener arresto domiciliario.
A fines de febrero del 2025, el abogado solicitó G. 30.000.000, monto que fue entregado en su domicilio en Alberdi, donde el fiscal procesado habría acudido personalmente para recibirlo. Más adelante, en abril, el abogado volvió a pedir dinero con la promesa de lograr una revisión favorable, lo que no se concretó.
El 30 de septiembre del 2025, el abogado volvió a solicitar G. 20.000.000, fijando la entrega para el 2 de octubre. Parte del dinero fue colocado en una bolsa de regalo roja destinada al fiscal. Ese mismo día, durante un operativo de entrega vigilada, los fiscales anticorrupción interceptaron al abogado, hallando la bolsa con G. 15.000.000 y otros G. 5.000.000 en su vivienda.
Los billetes coincidían con los previamente fotocopiados y autenticados por orden judicial. Además, se allanó la Unidad Penal 1 de Alberdi, donde se incautaron dos teléfonos celulares.