El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el exdiputado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por supuestamente haber pedido un favor al exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes a cambio de ayudar a magistrados procesados.
El juez Penal de Garantías citó para el 29 de diciembre a audiencia preliminar al exdiputado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arévalo, y dio por iniciado el proceso penal contra el mismo por cohecho pasivo agravado (coima).
Los fiscales Verónica Valdez, Luis Piñánez y Francisco Cabrera presentaron la imputación contra Arévalo y contra su supuesto cómplice, Guido Javier Díaz Domínguez, luego de analizar el contenido de la desgrabación de los teléfonos celulares incautados del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, que falleció el año pasado en un operativo contra el narcotráfico en su domicilio.
En la citada audiencia se conocerán las medidas cautelares contra los procesados. La Fiscalía pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para Arévalo y para su cómplice.
En las escuchas y desgrabaciones de mensajes de los teléfonos que fueron incautados a “Lalo” Gomes, los fiscales pudieron identificar que varias personas hablan y entre ellas escucharon a Arévalo, jueces, fiscales e inclusive al extinto exdiputado.
Supuestamente, en las grabaciones Arévalo pide el endoso de los cheques, el 8 de septiembre del 2023, cuando ejercía la presidencia del JEM, y “Lalo” menciona que le preocupaba la situación de una fiscal que estaba enjuiciada por esta institución. Entonces, en la conversación se habló del intercambio de favores, según la Fiscalía.
La conversación era fluida. Gomes le dijo a Arévalo que le enviaba a la persona de confianza que iba a ayudar con los cheques, este era Guido Díaz. Y más adelante, le preguntó si habló con él. Arévalo le respondió que sí y que incluso ya le había enviado la foto de los cheques.
Arévalo señaló que enfrentará los cargos y que él no se escondió. El juez Osmar Legal, del fuero del crimen organizado, hizo la denuncia ante la Fiscalía en febrero pasado luego de descubrir indicios de conexiones, en principio de Arévalo y los fiscales Lorenzo Lezcano, Katia Uemura y Stella Mary Cano.
Pero las desgrabaciones llevaron a tener fuertes indicios de que había un diálogo sobre intercambio de dinero entre “Lalo” Gomes y Arévalo para salvar a varias otras personas que están en la magistratura judicial.
En paralelo a la imputación fiscal, la Contraloría General de la República divulgó su dictamen sobre supuesto enriquecimiento ilícito de Arévalo, lo cual este negó categóricamente.
Según la Contraloría, Arévalo y su esposa, Carolina González, no presentaron todos sus bienes, como inmuebles, vehículos, cuentas y otras actividades económicas. Arévalo deberá responder a la Contraloría sobre este informe. Mientras tanto, adelantó que solo se produjo un error en la declaración de bienes que presentó el exdiputado.