El Tribunal de Ética Judicial abrió investigación contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera, César Diesel, Carolina Llanes, César Garay y Alberto Martínez Simón quienes se reunieron en forma secreta con el presidente Peña en Mburuvicha Róga, el pasado 3 de diciembre, y supuestamente allí estuvo presente el titular de la ANR, Horacio Cartes.
El citado tribunal está integrado por Mirian Peña, Antonia Irigoitia, Lourdes Breuer, Olga Talavera, Carmelo di Martino y Amparo de Paciello. Estos jueces pueden dictar recomendaciones o formular llamadas de atención.
El fallo de este organismo también puede ser amonestación o la advertencia de que se formará un legajo de los antecedentes de las personas enjuiciadas en el desempeño de sus funciones. Es independiente de los procesos civiles, penales o administrativos.
Los ministros procesados en este fuero ya han sido notificados para el ejercicio de su defensa. Ellos tienen 10 días hábiles para contestar, una vez recibida la notificación. El Tribunal de Ética pedirá el dictamen a un consejo consultivo integrado por los doctores Luis Fernando Sosa Centurión, Rodolfo Gill Paleari, Óscar Llanes Torres, Rodrigo Campos Cervera y Mauricio Domínguez.
El ministro Jiménez Rolón fue el primero en admitir que se hizo la reunión en Mburuvicha Róga, pero aclaró que fue a pedido de los propios ministros y no del presidente de la República.
“Debo decir que la mentada reunión con el presidente de la República, reitero, con el presidente de la República, ha sido realizada a iniciativa de la Corte y por pedido de algunos ministros; me incluyo”, dijo Jiménez en la sesión del máximo tribunal de la semana pasada.
Luego, señaló que la reunión fue por motivos presupuestarios y administrativos.
En el encuentro no estuvieron presentes los ministros de la Corte Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Dejesús Ramírez Candia. Jiménez informó que más de una vez un ministro de la Corte necesitó una reunión con el presidente de la República “para hacer planteamientos que hacen actuaciones puramente administrativas. Más precisamente, a la liberación de recursos para que la Corte pueda seguir cumpliendo sus funciones, sea en general o en las diversas circunscripciones”.