La Fiscalía imputó a Orlando Arévalo, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y a dos exmagistradas por supuesto cohecho pasivo (coima), tras una larga investigación de desgrabación y escuchas de teléfonos celulares incautados del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.
La Fiscalía imputó a Orlando Arévalo, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y a dos exmagistradas por supuesta cohecho pasivo (coima). Según la imputación, Arévalo habría usado sus funciones para favorecer a procesados solicitados por el extinto diputado Gomes. Por esta razón, fue imputado en calidad de autor.
La presentación de la imputación estuvo a cargo de los agentes fiscales Luis Piñánez, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. La imputación llegó tras una larga investigación de desgrabación y escuchas de teléfonos celulares incautados del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Guido Díaz Frutos es el nombre de otro imputado por cómplice de Arévalo, porque supuestamente se encargaba de actuar de intermediario entre Arévalo y “Lalo” Gomes.
La Fiscalía pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para Arévalo y para su cómplice.
El juez Osmar Legal, del fuero del crimen organizado, hizo la denuncia ante la Fiscalía en febrero pasado luego de descubrir indicios de conexiones, en principio de Arévalo y los fiscales Lorenzo Lezcano, Katia Uemura y Stella Mary Cano. Pero las desgrabaciones llevaron a tener fuertes indicios de que había un diálogo sobre intercambio de dinero entre “Lalo” Gomes y Arévalo para salvar a varias otras personas que están en la magistratura judicial.
Inclusive una parte de la imputación cita un encuentro con Gomes, con asado incluido, en la casa de Arévalo, que era representante de la Cámara de Diputados ante el JEM, donde fue electo presidente.
Sobre las dos juezas
Las magistradas procesadas son Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez. Fueron exintegrantes del Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero. Ellas liberaron de culpa y pena a Waldemar Pereira, alias Cachorrao, a quien la Fiscalía le investigó como supuesto autor intelectual del asesinato del periodista Leo Veras.
Ellas fueron imputadas por cohecho pasivo agravado (coima) y prevaricato. Supuestamente lo hacían a cambio del uso de la influencia que “Lalo” Gomes tenía para impedir que ellas sean enjuiciadas y para obtener su ascenso en la magistratura.
La jueza Carmen Silva puntualmente fue imputada además por frustración de la ejecución penal. La Fiscalía tiene la sospecha de que ella filtró información sobre allanamientos durante el operativo Pavo Real, que se refería a una investigación sobre el narcotráfico.
Los fiscales pidieron medidas alternativas a la prisión para las dos magistradas.