La agente fiscal Silvia González imputó a su colega Gloria Rojas, quien lleva adelante la investigación del crimen de María Fernanda, la adolescente que fue asesinada por su supuesto novio, en mayo del presente año.
Supuestamente, la fiscal Gloria Rojas pidió 30 millones de guaraníes a uno de los procesados para una salida beneficiosa. Por esta razón, la agente fiscal Silvia González, especializada en delitos económicos, imputó a su colega por cohecho pasivo agravado (coima) y pidió su desafuero.
Franco Antonio Acosta es el dueño de la farmacia que supuestamente vendió un remedio abortivo al novio de María Fernanda y no funcionó. Ella estaba embarazada cuando su novio decidió acabar con su vida.
El 14 de noviembre, la fiscal Gloria Rojas le citó a su oficina a Acosta, porque está procesado y que como tal debe solucionar su situación con aporte de dinero, porque otro procesado de nombre Ricardo Villamayor ya lo está haciendo.
El diálogo comenzó con 20 millones de guaraníes de base, que Franco le dijo a la fiscal que no tenía. Entonces, supuestamente, la agente del Ministerio Público le dijo que “lo que pueda”.
Luego, la fiscala Gloria Rojas pidió a Franco que hable con un abogado de nombre Juan Carlos Bedoya y que si arreglaba hablando con él, le cambiaría la calificación del hecho punible y le conseguiría suspensión condicional de procedimiento.
Siguió el diálogo y Franco comentó que Rojas comenzó a apretarle más y le dijo que el 17 de noviembre del año pasado le acusaría y va pedir el cambio de calificación del delito o crimen más tarde.
Sin embargo, la situación empeoró cuando Franco, según cuenta él mismo, habló con el abogado indicado por la fiscala. Aumentó el precio. El abogado le dijo que el monto subía a 25 millones de guaraníes. Por si fuera poco, el 20 de noviembre habló de nuevo con el abogado y pidió otros 5 millones.
Después, la Fiscalía montó un operativo de entrega vigilada. El 26 de noviembre del año pasado, se pidió una orden judicial para este objetivo. Se hizo tal como se planeó y se encontró el dinero en poder del abogado, Juan Carlos Bedoya.
La fiscal Silvia González que hizo la imputación pidió al juez que prohíba a la fiscal Gloria Rojas a acercarse a la sede del Ministerio Público de Coronel Oviedo, que ponga una caución de 200 millones de guaraníes y que remita sus antecedentes a la Fiscalía de vuelta, al Jurado y a la Corte.