El requerimiento conclusivo se presentó ante el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2025, alrededor de las 12:40, sobre la avenida Monday de la ciudad de Presidente Franco. En ese momento, las víctimas, Fabio Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidella y la hija adolescente de uno de ellos, se encontraban a bordo de una camioneta particular, Toyota Hilux de color gris, cuando fueron interceptadas por los cinco agentes a cara descubierta y portando armas de fuego, quienes se identificaron como miembros del Departamento de Investigaciones de la Policía.
Uno de los afectados, en este caso Troche Zarza, fue obligado a descender de su vehículo y fue alzado por la fuerza a la camioneta policial. Mientras tanto, otros dos agentes subieron al rodado de las víctimas donde estaba Stoian y su hija y les despojaron de sus teléfonos celulares. Posteriormente, los sospechosos trasladaron a todos los afectados hasta la sede de Investigaciones de Ciudad del Este, donde permanecieron privados de su libertad en un quincho con blindex durante aproximadamente cuatro horas.
Durante el trayecto y en la sede policial, los agentes exigieron a una de las víctimas el pago de 50.000 dólares a cambio de su liberación, amenazando con allanamientos a sus propiedades y las de sus familiares, bajo el argumento de que se encontraba involucrado en supuestas investigaciones por crimen organizado y lavado de dinero.
Los encausados exhibieron fotografías de los inmuebles de las víctimas y advirtieron que personas externas visitarían a sus familiares si no se cumplía con la exigencia.
En ese contexto, se permitió la comunicación con una abogada, en este caso con Blanca Gauto Fernández, quien se hizo presente en el lugar. La profesional conversó con uno de los agentes sin la presencia de las víctimas y posteriormente indicó que debía abonarse la suma exigida.
Se acordó el pago inicial de 30.000 dólares, que se haría en moneda nacional (algo más de G. 226.000.000) y el saldo restante de 20.000 dólares en un plazo de un mes. Con la asistencia de la profesional, el dinero fue extraído de diferentes entidades bancarias y entregado a uno de los agentes.
Tras la entrega del monto inicial, las víctimas fueron liberadas aproximadamente a las 16:40 frente al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, con la advertencia de cumplir con el pago restante en los términos acordados. Sin embargo, tras la denuncia, la fiscal Ocampos ordenó la detención de los supuestos involucrados y luego presentó la imputación contra todos ellos.