Frente Guasu y ueno bank vuelven a cruzarse en los tribunales por un viejo crédito político que dejó rastro en contratos, estados financieros y expedientes penales. La discusión gira en torno a una contradicción central: durante años la deuda figuró en los papeles del propio Frente Guasu y hoy se la presenta ante la opinión pública como si fuera un invento del banco.
Según los antecedentes del expediente, en 2019 la entonces Pasfin Saeca otorgó un préstamo de 277.000 dólares a la Concertación Frente Guasu. El dinero se desembolsó, se usó para la campaña y la obligación quedó documentada en contratos y pagarés firmados por los representantes políticos, con certificación notarial. Más adelante, la cartera de la financiera fue absorbida por el banco ueno, que heredó el crédito y sus renovaciones.
Como ocurre con muchos préstamos, el saldo no se canceló de una sola vez. A pedido de la propia concertación, la deuda fue refinanciada en varias ocasiones. Funcionarios del banco relataron que las gestiones se realizaban a través de la administradora del frente, Rossana Servín, encargada de negociar plazos y de acercar al banco los documentos ya firmados y certificados en escribanía.
El elemento que desata el conflicto es la última instrumentación de la deuda, de febrero de 2022. Para consolidar el saldo, se emitió un pagaré en guaraníes por más de 2.000 millones, acompañado de formularios de crédito y liquidaciones, todos con firmas atribuidas a dirigentes del Frente Guasu y con certificación notarial. Con base en ese pagaré, ueno inició una acción ejecutiva para recuperar el dinero.
Recién entonces se produce el giro. Los mismos dirigentes que años antes habían reconocido la obligación empiezan a sostener que las firmas de 2022 no les pertenecen. En el juicio civil plantean una excepción de falsedad y, en paralelo, presentan una denuncia penal por producción de documentos no auténticos, apuntando a que alguien habría falsificado sus nombres para sostener el reclamo del banco.
A partir de allí, el caso se traslada también al Ministerio Público. Lejos de limitarse a defender su título en el fuero civil, ueno presenta su propia denuncia penal y entrega el legajo completo del crédito: contratos originales, renovaciones y documentos finales. El planteo del banco es claro: si las firmas son auténticas y ahora se niegan, podría existir una maniobra para eludir el pago; si son falsas, entonces el banco también fue engañado y corresponde identificar a los responsables.
Las causas promovidas por ambas partes terminan acumuladas y se ordenan pericias caligráficas. El informe del perito de la Fiscalía concluye que las firmas atribuidas a tres dirigentes en los documentos de 2022 no se corresponden con sus firmas auténticas, lo que refuerza la hipótesis de falsificación. El dictamen, sin embargo, no determina quién produjo materialmente esos documentos ni en qué tramo de la cadena se introdujo la adulteración.
Hay, además, un dato que nadie ha logrado desmentir: los estados financieros de la Concertación Frente Guasu, presentados ante la administración tributaria y firmados por sus responsables, registran como pasivo un monto cercano a 2.900 millones de guaraníes ligado al crédito concedido originalmente por Pasfin. En otras palabras, en la contabilidad oficial del propio deudor la deuda existe y está cuantificada.
El contraste entre esa contabilidad y el discurso actual es el núcleo del debate. Ante el fisco, el préstamo aparece como una obligación real; ante la opinión pública, se intenta instalar la idea de una “deuda fantasma” atribuida al banco. Para ueno, ese doble estándar vulnera un principio básico del sistema financiero: que las obligaciones asumidas por escrito se respeten de manera uniforme.
Más allá de la resolución judicial que finalmente se adopte, el caso deja planteada una discusión de fondo. Si resulta admisible utilizar un crédito durante años, declararlo en los balances y, cuando toca pagarlo, negar el instrumento alegando falsificación sin esclarecer quién la cometió, la seguridad de los contratos queda seriamente dañada. Para el banco, defender este crédito es también defender la regla de que la palabra firmada mantenga su valor y de que, ante cualquier sospecha sobre los documentos, la investigación apunte a los verdaderos responsables y no a quien se limita a reclamar el cumplimiento de una deuda registrada por el propio deudor.
