Otra renunciante es Rosana Rojas, jueza de ejecución de Villa Hayes, que también está procesada por el JEM por reiteradas llegadas tardías a su despacho y mal desempeño en sus funciones en el área de ejecución de las penas, que tenía a su cargo. Se le acusó de dejar pasar muchos trámites sobre los condenados, según trascendió.
El JEM ya tenía preparado el borrador de la sentencia, según anunció el ministro de la Corte César Garay. Justo a tiempo renunciaron. Garay inclusive pidió al pleno de la Corte esperar el fallo del JEM, pero sus colegas indicaron que si las magistradas ya no quieren estar más en el Poder Judicial, no se les puede atajar.
Por otra parte, la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, obtuvo recientemente su libertad ambulatoria en un proceso penal referido al caso y tramita ante el juez Humberto Otazú. Sin embargo, debía cubrir una fianza de 150 millones de guaraníes para que esta medida sea posible. El proceso penal sigue en curso.
El 5 de diciembre, el juez Humberto Otazú, que le otorgó la libertad ambulatoria, le impuso también otras medidas como la prohibición de salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse en el juzgado mensualmente a firmar el libro de comparecencia.
A pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la Corte Suprema de Justicia suspendió a la jueza Bracho justamente por esta causa. La suspensión fue sin goce de sueldo. En rigor, la jueza fue imputada por cohecho pasivo agravado (vulgo: coima) y frustración de la ejecución penal.
Durante la audiencia de imposición de medidas ante el juez Otazú, el fiscal Néstor Coronel fue el que dio la propuesta de dar medidas sustitutivas a la prisión, como las señaladas precedentemente, a la jueza Bracho. El juez accedió a la propuesta y le impuso también la fianza.
En la audiencia, la abogada defensora de Bracho, Sandra Rodríguez, cuestionó la imputación contra su cliente porque se basa en una grabación donde ella no habla, indicó. “En la imputación se presentó un video donde no hay una palabra de la magistrada, sino de terceras personas. Y ella solamente está procesada por lo que las terceras personas dijeron”, dijo la abogada.
También la letrada cuestionó el hecho de que por la imputación la Corte y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados le haya suspendido sin goce de sueldo. “Se dice que la imputación no causa agravio, pero en el caso de ella, el perjuicio que le causa es muy grande”, afirmó la defensora.