La comisión bicameral del Congreso presentó su informe final sobre la denominada "mafia de los pagarés". Los resultados expuestos en el Senado revelan un esquema de estafa masiva. Las estadísticas confirman el daño patrimonial a miles de trabajadores paraguayos. Según el documento, se recogieron testimonios de más de 6.000 víctimas. Estas personas sufrieron en conjunto un total de 333.000 embargos.
El impacto económico es devastador para las familias afectadas. El monto total de los embargos supera los 314 millones de dólares. Esto equivale a unos 2,2 billones de guaraníes retenidos mediante juicios irregulares. El promedio es de ocho juicios por persona. Sin embargo, la situación empeora en comunidades indígenas. En este sector, el promedio sube a 14 embargos por individuo.
El modus operandi de la estafa
La asesora de la comisión, Diana Vargas, explicó el mecanismo utilizado por estas empresas. El esquema inicia con la firma de una autorización de descuento automático por préstamos pequeños o venta de electrodomésticos. Los prestamistas hacen firmar documentos en blanco bajo engaños. Aunque la deuda se pague vía descuento salarial, los pagarés siguen circulando.
Posteriormente, estos documentos se ejecutan judicialmente sin notificar a la víctima. Un dato clave es la centralización de los casos. El 87% de los juicios se tramitan en juzgados de la capital. Esto ocurre a pesar de que la gran mayoría de las víctimas reside en el interior del país. Esta maniobra impide el derecho a la defensa de los afectados.
Docentes y jubilados son los más afectados
El perfil de las víctimas muestra una clara vulnerabilidad de ciertos sectores. Siete de cada diez afectados son mujeres. En cuanto a la profesión, los funcionarios del Ministerio de Educación (MEC) representan el 64% de los casos. El personal de blanco y las fuerzas públicas también figuran en la lista. Además, un 26% de las víctimas son jubilados.
La comisión anunció que impulsará denuncias penales contra las firmas involucradas. Los legisladores lamentaron la lentitud del Poder Judicial para frenar estos abusos. A pesar de las leyes vigentes, los descuentos compulsivos continúan. El informe busca presionar para que se concreten las reformas legislativas pendientes y se sancione a los responsables del esquema.
